El PP denuncia ante el Tribunal de Cuentas “irregularidades contables”

Juárez explicó que considera de dudosa legalidad una serie de operaciones contables heredadas de los socialistas, que han dejado una deuda de cerca de 110 millones de euros.

El primer caso tiene que ver con el proyecto del Teatro sin Barreras. Para ello, el Ministerio de Cultura concedió una subvención de un millón de euros al Ejecutivo. Sin embargo, el ex alcalde, José Pablo González, destinó estas cantidades a pagar intereses bancarios de los numerosos créditos del Ayuntamiento, además de abonar cuotas pendientes de la Seguridad Social. Como consecuencia, el Ministerio exige al Consistorio la devolución de estos fondos, más los intereses, ya que no se han destinado al fin acordado, lo que pone en peligro las transferencias que el Estado hace a Collado Villalba en concepto de tributos, además de perder los más de 10 millones de euros de inversión que habría supuesto la construcción de este equipamiento.

Pese a que José Pablo González ha declarado que había puesto en conocimiento de esta situación al nuevo Equipo de Gobierno, Juárez manifestó que cuando accedió a la Alcaldía sólo mantuvo dos reuniones con el ex regidor y aún secretario general del PSOE de Collado Villalba: “La primera duró cuatro minutos y tan solo me pasó unos expedientes que se estaban tramitando en los despachos judiciales, referentes a los impagos. El segundo encuentro fue dos días antes de tomar el relevo, en plenas fiestas de San Antonio, y en esta reunión me dijo que iba a cometer una ilegalidad; es decir, utilizar el dinero del Plan E para pagar la feria taurina y que los empleados municipales no estaban dispuestos a hacerlo si no tenía conocimiento el nuevo Equipo de Gobierno. Yo le dije que no lo aprobaba, y al final no se utilizó el dinero del Plan E, sino del aval de la pista deportiva, que tampoco es una cantidad destinada a pagar los toros”, indicó Juárez en rueda de prensa.

El Faro del Guadarrama ha tenido acceso al expediente completo. En el mismo también se hace referencia a la reclamación de 50.000 euros por parte de una consultoría urbanística para el desarrollo de la unidad de ejecución de Cantos Altos y de la plaza de toros cubierta en la zona de Los Valles. En este caso se trata de unos trabajos solicitados verbalmente, donde se prescindió de cualquier procedimiento contractual legalmente establecido. La consultora indica que tanto en el caso de la plaza de toros como en el de Cantos Altos, se aprobó un contrato inicial que más tarde se modificó al alza, propuestas aceptadas “verbalmente por el entonces concejal de Urbanismo”.

En el caso de la remodelación del Parque de La Coruña, “dada la necesidad de completar urgentemente el proyecto” para solicitar la subvención del Estado a través del Plan E, no se llegó a firmar ningún contrato.

El último de los casos presentados ante el Tribunal de Cuentas hace referencia a unas viviendas del IVIMA que el Ayuntamiento tiene alquiladas y por las que debe más de 240.000 euros. El informe de Intervención del Consistorio remitido al Tribunal establece que la Administración local arrendó 20 pisos a este organismo en las calles Camelias y Amapolas, destinados a albergar a mujeres víctimas de violencia de género, colectivos especialmente necesitados o menores tutelados. Sin embargo, no existe un expediente completo sobre dicho convenio, ni tampoco se tiene constancia de que fuera aprobado siquiera por la Junta de Gobierno.