Las dudosas maniobras económicas del anterior Gobierno de Collado Villalba, camino del Tribunal de Cuentas

Amedida que los nuevos inquilinos del Ayuntamiento de Collado Villalba levantan las alfombras para ver cuál es la herencia recibida del Gobierno que durante 12 años encabezó por José Pablo González (PSOE), las sorpresas se suceden, haciendo que al despilfarro ya conocido se sumen las sospechas de irregularidades en la gestión de las maltrechas arcas municipales. En situaciones como estas, hay quienes defienden que lo mejor es pasar página, pero ello no debe ser óbice para poner a cada uno en su sitio. En primer lugar, por un principio de responsabilidad política, algo que debería ser básico, pero ante el que en las administraciones públicas se suele pasar de largo. No ha sido el caso del actual alcalde, Agustín Juárez, decidido a poner negro sobre blanco los desmanes cometidos por su predecesor, que aún hoy intenta maquillar la deuda y justificar actuaciones como la utilización para pagar intereses a los bancos de la subvención concedida por el Ministerio de Cultura para levantar el Teatro sin Barreras. Aún hay más: desde la ‘invisibilidad’ del convenio de los pisos del IVIMA a la modificación verbal (y al alza) de contratos con una consultora urbanística de cara al desarrollo de Cantos Altos o la construcción de la plaza de toros cubierta en la zona de Los Valles, una de tantas promesas incumplidas por parte de González y compañía.

Bucear en los informes de Intervención es toparse de forma reiterada con una más que cuestionable ingeniería económica, cortesía del ex alcalde y del aún edil José Antonio Gómez Sierra, primero responsable de Urbanismo y luego de Hacienda, que un día aseguró que abandonaba la política municipal para después desdecirse y aferrarse al cargo de concejal, ahora en la oposición. Y siempre sin asumir ningún tipo de responsabilidad, como tampoco lo ha hecho José Pablo González, abandonando el Ayuntamiento por la puerta de atrás tras dejar un ‘pufo’ de 110 millones de euros, situación análoga a la de otros ayuntamientos de la región gestionados por el PSOE durante años. Por eso, hablar de la inhabilitación para ejercer cargo público no debería tomarse como una vendetta, sino como la consecuencia lógica de las barbaridades cometidas por un Ejecutivo que se decía socialista pero que actuaba como si disparase con pólvora del rey, gestionando el dinero de todos los vecinos sin control ninguno y mintiendo de forma reiterada.

Ahora, tras el vuelco electoral del 22M, es el momento de la austeridad, de sacrificios y de cambiar el rumbo, pero también de dejar claro que actuaciones como las del anterior Gobierno no pueden despacharse únicamente con el castigo que sus protagonistas ya recibieron en las urnas.