IU denuncia la “falta de capacidad” del Gobierno para gestionar los servicios

Izquierda Unida de Moralzarzal ha denunciado “la falta de capacidad” del Equipo de Gobierno del Partido Popular a la hora de gestionar los servicios públicos, lo que a juicio de la coalición de izquierdas “repercute de forma insistente los efectos de la crisis sobre los vecinos, ignorando su nivel de ingresos, ya que según el PP todos deben de pagar lo mismo”.

Tras estudiar la modificación de las ordenanzas fiscales sobre las tasas por prestación de servicios deportivos y culturales propuesta por el Ejecutivo, IU considera que “la recaudación de dinero por parte del Ayuntamiento debe hacerse a través de los impuestos directos, y en caso de tener que colaborar los usuarios, creemos que deben hacerse condicionados a los ingresos del usuario” indican.
“En Moralzarzal -continúan- se están poniendo barreras al fomento del acceso a la cultura y al deporte, encareciendo de forma reiterada los servicios. En esta localidad da lo mismo que estés en el paro o seas millonario, pagas lo mismo por el acceso a los servicios públicos”.

Estas manifestaciones tienen su origen en el pleno municipal celebrado hace unos días, en el que también se aprobó la cuenta general consolidada del Ayuntamiento.

Privatización
Izquierda Unida recordó que en el trascurso de la sesión “reiteramos nuestra postura en contra de las cuentas del PP y explicamos a los vecinos que el resultado presupuestario que se nos planteaba, basado en aquel presupuesto, con innumerables modificaciones no lo mejoran en absoluto, lo único que nos confirma es que el Equipo de Gobierno elabora unos presupuestos que ya nacen condenados a la modificación y por tanto a la falta de rigor presupuestario. El PP ni sabe ni quiere gestionar mejor el Ayuntamiento, sólo sabe buscar vías para su paulatina privatización”.

Finalmente, desde la Asamblea de IU han recordado que sus concejales presentaron tres mociones, contra la subida del transporte público, contra los recortes en educación y contra la ejecución de las hipotecas a los vecinos en desempleo o en riesgo de exclusión social. Todas fueron rechazadas por el Partido Popular.