El Ejecutivo pondrá en marcha un nuevo plan de reducción del gasto

Asignaciones a grupos políticos
En primer lugar, y tras la reducción de sueldos de los cargos políticos en la pasada legislatura (un 20 por ciento en el caso del alcalde), se procederá a realizar un “significativo” recorte en las asignaciones para el funcionamiento de los grupos políticos. En cuanto a las retribuciones de los cargos electos, se fijarán “utilizando criterios comparativos con el personal al servicio del Ayuntamiento que desempeñe cargos de similar responsabilidad”. Además, serán publicadas en la página web municipal “para que se deje de especular con lo que ganamos o no”, subrayó Fernández Quejo. También se refirió el alcalde a algunas de las declaraciones realizadas a nivel regional por los responsables de UPyD, indicando que en muchos casos son “totalmente demagógicas”. En este sentido, indicó que los concejales de San Lorenzo “nunca han tenido y continuarán sin tener tarjetas de crédito”. Sí admitió que él tiene una, si bien añadió que su uso es “muy limitado”. Tampoco hay gastos de representación, ni dietas por viajes, del mismo modo que el Ayuntamiento “no paga comidas, salvo las institucionalmente necesarias, y de las imprescindibles sólo se sufragará el coste del menú del día o similar”.
“El coche al servicio de la Alcaldía, con una antigüedad de siete años, no está en renting”, aseguró Fernández Quejo, quien además explicó que se utilizará de forma compartida con los concejales y para labores administrativas. Tampoco hay dietas por formar parte de las sociedades municipales.

Optimizar rendimiento
En el capítulo de Personal, el regidor anunció que se amortizarán las plazas vacantes por jubilación, “salvo estricta necesidad en el servicio”. Por otra parte, se continuará con la reducción de horas extraordinarias y se realizará un análisis de todos los puestos de trabajo para “optimizar rendimiento y productividad”. La movilidad de los empleados y la posible redistribución de la jornada laboral para mantener los puestos de trabajo son otras de las medidas que se adoptarán, además de la “revisión de las retribuciones de los trabajadores a tiempo parcial”.

Este plan incluye también un análisis detallado del coste de los servicios que presta el Ayuntamiento, especialmente de aquellos que corresponden a competencias impropias. En este sentido, se “reducirán o suprimirán en la medida en que se reduzcan las transferencias del Estado o la Comunidad de Madrid para la prestación de los mismos”. Igualmente, se ajustarán las tasas y precios públicos al coste real de los servicios, de modo que sean los usuarios, “y no todos los vecinos, los que asuman su pago”, salvo en los casos de Infancia, Juventud y Tercera Edad.

Tijeretazos
También se meterá la tijera en el gasto corriente, continuando con la revisión de todos los contratos del Ayuntamiento, además de convocar un nuevo concurso para la adjudicación del suministro de energía eléctrica, con lo que se pretende conseguir un “importante ahorro”. La limitación del consumo de telefonía y material de oficina se incluye igualmente en este paquete de medidas. Otra de las actuaciones previstas es asumir la gestión directa de la recaudación ejecutiva, “asignando personal propio debidamente formado”. En cuanto a la cesión de espacios municipales, se establecerá una tasa para “cubrir al menos los gastos generales de la instalación”. El alcalde sanlorentino destacó además que se continuará con la reducción de gastos en fiestas y protocolo, capítulos en donde el gasto ha disminuido más de un 40 por ciento desde 2007. Proseguir con la reducción del presupuesto municipal (un 35 por ciento desde 2007) también está en la agenda del Ejecutivo, que además analizará la evolución de los ingresos en septiembre para estudiar la posibilidad de realizar nuevos recortes. Finalmente, Fernández Quejo aseguró que no se recurrirá al endeudamiento “salvo para inversiones y adquisición de suelo”, citando en este sentido el previsible caso de una sentencia derivada de un contencioso que se inició en 1986 por la recalificación de un terreno situado en el entorno del Felipe II y que supondrá un desembolso de aproximadamente un millón de euros en concepto de indemnización a los propietarios.