La crisis económica obligará al futuro Ejecutivo a no cometer los mismos errores de esta legislatura

Con el sector de la construcción aún en auge, aunque con síntomas evidentes de un más que posible pinchazo inmobiliario, y tal vez contagiados por el absurdo optimismo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien por entonces repetía una y otra vez, gracias a la complicidad del ministro y vicepresidente Solbes, que la situación económica por la que estaba atravesando nuestro país nos iba a permitir estar en la ‘champions league’ de la economía mundial, el Gobierno local, presidido por el socialista José Pablo González Durán, tras ganar por mayoría absoluta los comicios celebrados en mayo de 2007, convocó un pleno extraordinario el 28 de junio, es decir, unos días más tarde de consumadas las elecciones, en el que se tomó el acuerdo de dotar de sueldo a veintitantos concejales que habían obtenido la correspondiente credencial para formar parte del Consistorio local y subir de manera desproporcionada los salarios que ya percibían algunos de los munícipes de este Consistorio. Así el alcalde, tal vez para ‘dar ejemplo’, fue el primero en aumentar sus percepciones en ‘sólo’ un 16 por ciento, lo que hacía que ‘su’ salario anual superara ya los 70.000 euros, más de 11 millones de las antiguas pesetas. Pero como, al parecer, las arcas municipales estaban por entonces más que boyantes se acordó que los ediles liberados, tanto del PSOE como del PP, mejorasen sus percepciones entre un 16 y un 39 por ciento, ignorando con ello las cifras que se estaban manejando en los convenios laborales que, salvo excepciones, no solían superar la subida del IPC anual más dos o tres puntos.

Dentro de tanta generosidad, en la que nunca se incluyó a ADEI, por ser al parecer excesivamente contestataria, el regidor villalbino quiso que la por entonces portavoz del PP, Carmen Rodríguez, tuviera un salario acorde con ‘las circunstancias’ y por ello la obsequió con una subida salarial próxima al 53 por ciento, convirtiéndose así en la segunda política mejor pagada de la Corporación municipal. Lógicamente, el primero era el del propio alcalde.

Contrataciones indiscriminadas
Pero el asunto no terminó ahí. El Ayuntamiento, que ya contaba por entonces con una amplia plantilla municipal, pasando en poco más de cinco años de 200 trabajadores a casi 400, continuó con su política de contrataciones y la plantilla siguió aumentando, siendo muchas de las incorporaciones totalmente injustificables incluso a día de hoy, salvo si se tiene en cuenta de que muchos de los beneficiados eran familiares o amigos de los responsables del Gobierno local. Ni siquiera la privatización de algunos servicios municipales sirvió para decrecer la plantilla y así, a día de hoy, la nómina que a duras penas puede ir pagando mensualmente la hacienda local está formada por más de medio millar de trabajadores, un lujo que difícilmente va a poder seguir soportando una administración que está al borde de la quiebra. Obviamente, y más ante la proximidad de una convocatoria electoral, ningún político se atreverá a hablar de este asunto, pero la patata caliente está ahí y es posible que el problema sólo podrá solucionarse en parte a través de una regulación de plantilla en la que también se debe incluir a los asesores o personal de confianza de los políticos, un cargo a erradicar sobre todo en aquellos ayuntamientos, caso de Collado Villalba, donde hay funcionarios muy cualificados que pueden realizar perfectamente esta labor y los concejales perciben unas prestaciones salariales bastante elevadas en función, se supone, de sus conocimientos y de su capacidad de gestión.

Otro tema a erradicar es el de los fastuosos festivales, caso de Viajazz o Viacelta, donde se han despilfarrado cientos y cientos de miles de euros sin beneficio alguno para una gran mayoría de los villalbinos. El último despropósito en este aspecto se produjo el 3 de julio de 2007, dos meses después de la celebración de las últimas elecciones municipales, con la presencia en nuestra ciudad de Elton John, que despojado de lentejuelas y sólo ante su piano ofreció a las 2.500 personas que se dieron cita en el recinto municipal la versión más austera del repertorio de este cantante, que cobró la nada despreciable cantidad de 600.000 euros (100 millones de pesetas), de los que el Ayuntamiento reconoció haber subvencionado 250.000, pero dado el déficit registrado (180.000 euros),cabe suponer que la hacienda local también sufragó esta parte.

Incremento de tasas e impuestos
Y claro, para mantener este derroche, al margen de la venta de patrimonio vía terrenos municipales y de los ingresos directos por licencias de obra, etc., el Ejecutivo local decidió a primeros de noviembre de 2007, pese a los votos en contra de los tres grupos de la oposición (PP, IU y ADEI), llevar a cabo un incremento significativo en el capítulo de tasas e impuestos municipales. Así, el tipo impositivo del IBI pasó del 0,56 al 0,62; el de vehículos, que estaba en el 1,57, quedó fijado en el 1,65, y las tarifas de la ORA aumentaron un 10 por ciento. Además, los precios relacionados con las actividades deportivas se subieron un 15 por ciento. Y así se ha repetido la historia año tras año en este municipio. Subida anual de los sueldos de los políticos y aumento desproporcionado de impuestos y tasas también anuales. Un ejemplo de ello está en los baremos aplicados a la tasa de basuras, asociada al valor catastral de las viviendas, o el incremento anual de las cuotas correspondientes al alcantarillado. Es cierto que los impuestos son imprescindibles en una Administración pública, pues gracias a ellos se pueden financiar las inversiones, pero cuando se despilfarra a manos llenas y el ciudadano lo detecta, el malestar social termina por provocar un divorcio entre administradores y administrados. Y eso es lo que está ocurriendo en los últimos años en un municipio donde los servicios básicos y las infraestructuras se encuentran en precario y el contribuyente no entiende en qué se gastan sus dineros.

Con casi 100 millones de deuda en tesorería y la crisis económica que azota a nuestro país, y con cientos de familias villalbinas sin trabajo, al Gobierno que surja de las urnas el próximo 22 de mayo le espera una ardua y complicada tarea a la hora de intentar devolver a sus conciudadanos no tan sólo la confianza en su gestión, sino la calidad de vida perdida en esta última legislatura de gobierno socialista.