La factura presentada por el alcalde sobre su estancia en un hotel de Andorra, bajo sospecha

Fue ‘Gente’ el único periódico que incluyó en su información la copia de la citada factura (28-01-11), que hoy nosotros reproducimos en el recuadro de la derecha, donde queda reflejado que los 1.751,36 euros corresponden a la “Estancia de la familia González García” en dicho establecimiento. Esta cantidad, según manifestó el regidor villalbino en el pleno celebrado el 16 de diciembre de 2010, fue abonada con su tarjeta Visa Card Oro, aunque como ya saben nuestros lectores, en aquella ocasión sólo presentase un extracto de su Visa por el mismo importe.

El portavoz del PP, Agustín Juárez López de Coca, en la misma sesión puso en entredicho ese comprobante porque “no nos salen las cuentas”, añadiendo que “según hemos podido saber usted se alojó en dicho hotel del 27 de diciembre de 2006 hasta el 3 de enero de 2007. El precio de la habitación por entonces, según información facilitada por el Hotel Grau Roig de Andorra, era de 187,30 euros por persona en categoría estándar; la superior ascendía a 197,60 y la suite 208. Además, era obligatorio el cotillón de Nochevieja por un importe de 200 euros/persona. Vamos a pensar que usted utilizó una habitación estándar y por tanto, si multiplicamos su precio, 187,3, por dos personas y seis noches el importe de su estancia supondría 2.247,60 euros, cifra a la que si le añadimos los 400 euros del cotillón ascendería a un total de 2.647,60 euros. Y todo esto sin contar los gastos del forfait, cursillos de esquí, material, seguro, comidas en pista, etc., algo bastante habitual en este tipo de hoteles”. Juárez terminó su intervención diciéndole al alcalde: “Usted acaba de decir que se va con quien quiere a donde quiere, pero por favor explíqueme la diferencia entre esas dos cantidades”
Un nuevo invitado
La diferencia, pues, entre el importe de la ‘factura’ presentada por José Pablo González Durán en el pleno celebrado el pasado 27 de enero, documento que, por cierto, no ha sido incluido en el acta de dicha sesión plenaria pese a que el propio alcalde anunciase públicamente que se lo entregaba al secretario municipal, y el coste real mínimo estimado en función de las tarifas del hotel ascendía a 896,34 euros; pero aún hay más. Tal como se desprende de la fotografía que hoy les mostramos, en el hotel andorrano también se encontraba alojada en esas mismas fechas la hija de la mujer del alcalde villalbino, Elvira García. En dicho documento gráfico, donde aparecen las caras de los comensales pixeladas por ser, en aquellas fechas menores de edad, se ve a esta joven compartiendo mesa y mantel el día de Nochevieja con la hija y los hijos de los dos constructores villalbinos en el restaurante de dicho hotel. Por consiguiente, si a los gastos calculados anteriormente le añadimos los 1.323,80 euros, cantidad resultante de multiplicar 187,3 euros por seis noches, más los 200 euros del cotillón, y sin tener en cuenta ningún otro gasto, José Pablo González tendría que haber pagado por su estancia y la de su familia en este hotel cerca de cuatro mil euros, concretamente 3.971,40, en vez de los 1.751,36 que aparece en dicho justificante.

Y estas sí que son palabras mayores porque, salvo que el alcalde consiga sacar de la chistera algún inocente conejito, nadie se va a creer que él ha abonado de su bolsillo el coste de sus vacaciones navideñas en un hotel que ofrece entre otras tentaciones mini-bar en las habitaciones, dos restaurantes de cocina creativa, una espacio creado para homenajear el vino (El Teatro del Vino), spa, jacuzzi, sauna finlandesa, fitness, tratamientos corporales y de belleza, etc.

También, según ha podido saber este periódico, los componentes de esta comitiva cuyo encuentro en dicho hotel, según el alcalde villalbino, fue “fruto de la casualidad”, tampoco pudieron evitar la tentación de realizar varias visitas a las tiendas del Principado donde efectuaron importantes compras, destacando entre ellas un abrigo y un chaquetón de visón.

La empresa ‘fantasma’ de Sierra
La polémica generada por el viaje realizado a Punta Cana por el entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Collado Villalba, José Antonio Gómez Sierra, hoy responsable del área de Economía y Hacienda, con José Carlos Gómez, propietario de la empresa Cover, adjudicataria por entonces de varias obras municipales, entre ellas la construcción del túnel-parking de Honorio Lozano, provocó un fuerte enfrentamiento entre Gobierno local y oposición en el pleno celebrado el jueves, 16 de diciembre de 2010, donde el portavoz del PP, Agustín Juárez, entre las numerosas preguntas realizadas al alcalde, José Pablo González acerca de las relaciones que tanto él como el edil Gómez Sierra tenían con el empresario antes citado y con su socio en la promotora IGS-Villalba, Evaristo Núñez Milara Sánchez, le dijo al regidor local: “¿Conoce si algún miembro de su Equipo de Gobierno está vinculado a la empresa Aldalea Business S.L.?”. La respuesta a esta pregunta la daba nuestro periódico la semana pasada al desvelar que la totalidad de las acciones de dicha mercantil las había adquirido José Antonio Gómez Sierra a Teliden Alfa, una empresa domiciliada en la Glorieta de Quevedo, número 7 de Madrid, el 20 de diciembre de 2004, según recoge la escritura firmada en el notaría madrileña de don Alfonso Madridejos y en la que también aparece el nombramiento como administrador único de don Bernardo Atieza López, vecino de Benidorm, que por cierto y según hemos podido constatar, dimitió de dicho cargo el día 18 de diciembre de 2008 (Boletín Oficial del Registro Mercantil de fecha 7 de enero de 2009).

Aldalea Business, S.L., tiene como objeto social ‘La enseñanza’, entre otras actividades, y tras su adquisición por parte de Gómez Sierra fijó su domicilio social en la calle General Castaños,15-5º izquierda de Madrid, donde tiene su despacho profesional Juan Antonio Cebrián del Moral, administrador de Villalba Ediciones S.L., empresa editora del periódico El Telégrafo hasta el pasado año y administrador mancomunado de Metro Cuadrado Retail, S.L., empresa ‘hermana’ de Metro Cuadrado Global. S.L. que fue la que realizó la encuesta cuyo dictamen utilizaría posteriormente el Ejecutivo villalbino para “justificar la necesidad de construir un centro comercial en los terrenos del Caño de la Fragua (ITV). Pues bien, la empresa de Gómez Sierra también nos ofrece algunas curiosas coincidencias con Keril Inmo, S.L., editora también del periódico El Telégrafo entre diciembre de 2009 y julio de 2010, tanto en su objeto social ‘La enseñanza, etc, etc.’ como en su domicilio de origen, Glorieta de Quevedo, 7, que posteriormente sus compradores trasladarían a la calle Juliana, 2 de El Escorial. Otra empresa ‘fantasma’ a añadir al complicado entramado de sociedades relacionadas con el ‘Caso Villalba' y, por tanto, con la fallida adjudicación del concurso del derecho de superficie de los terrenos de propiedad municipal destinados a la construcción de un centro comercial en la zona del Caño de la Fragua, uno de cuyos presuntos artífices, según ha denunciado este periódico, es Evaristo Núñez Milara, copropietario de la promotora IGS-Villalba y del periódico El Telégrafo, entre otras, y amigo del edil Gómez Sierra con el que suele comer habitualmente en un conocido restaurante de esta localidad.

El recurso del Caño de la Fragua
Como recordarán nuestros lectores El Faro del Guadarrama anunciaba el 14 de diciembre de 2009 que “El recurso contra el Plan Parcial del Caño de la Fragua deja en vía muerta el futuro centro comercial”, titular con el que abríamos la información relacionada con la decisión tomada el día 30 de noviembre de ese mismo año por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras ser admitido a tramité el recurso contencioso administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción-Coda, en el que solicitaban la nulidad del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba celebrado el 16 de julio de 2009 donde, con los votos del grupo municipal socialista, fueron rechazadas las 33 alegaciones presentadas por el colectivo ecologista, PP, IU y la Asociación de Comerciantes ADEC-Villalba Futura, que facilitó la aprobación definitiva del Plan Parcial de los terrenos del Caño de la Fragua. Sin embargo, la providencia dictada por el TSJM, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1, decía: “...presentado el anterior escrito interponiendo contencioso administrativo, se admite a trámite el mismo, sin perjuicio de lo que pueda acordar una vez recibido el expediente administrativo...”. “De acuerdo con los dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley de Jurisdicción, reclámese a la administración demandada [Ayuntamiento de Collado Villalba] el expediente administrativo, que deberá ser remitido a esta Sección en el plazo de 20 días”. A tal fin se designaba Magistrado Ponente al Ilmo. Sr. José Félix Martín Corredera. Con estos antecedentes y sin que este alto tribunal se haya pronunciado hasta el día de hoy sobre este asunto, el Ejecutivo que preside José Pablo González siguió adelante con el expediente de adjudicación del derecho de superficie de la parcela 1.0 del sector Caño de la Fragua (ITV), para facilitar la construcción en dichos terrenos de un centro comercial, paralizando a última hora dicha enajenación (9 de noviembre de 2010), en base al informe del secretario del Ayuntamiento y declarando finalmente desierta la misma en el pleno celebrado el pasado 30 de diciembre. Y pese a que el propio González prometió en esa misma sesión que volvería, una vez corregidos los errores detectados en el anterior expediente de licitación, a convocar un nuevo concurso, esto no ha sucedido y a poco más de dos meses para la celebración de las elecciones municipales es fácil suponer que el asunto quedará en suspenso hasta tanto la Sección 1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no se pronuncie, pues de lo contrario, según han manifestado a nuestro periódico dos juristas especializados en este tipo de contenciosos, su validez estaría en tela de juicio al vulnerar el ordenamiento jurídico vigente y la autoridad o funcionario público que lo aprobase podría incurrir en un acto delictivo según el artículo 320 del nuevo Código Penal, apartado 2, que contempla la imposición de una pena de prisión de un año y seis meses a cuatro años y multa de 12 a 24 meses a “la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias, a sabiendas de su injusticia”.