Las terrenos del ‘Caño de la Fragua’ ¿a salvo?

Al margen de que la empresa en cuestión, Eurofund Investments La Villa S.L.U, sólo contase con un capital social de 3.500 euros y no probara la experiencia en el desarrollo y gestión de centros comerciales, algo bastante improbable si tenemos en cuenta que había sido constituida el día 23 de julio de 2010, el asunto estaba contaminado desde que el día 22 de octubre, El Faro del Guadarrama publicó una detallada información sobre este asunto donde destacaba “el rosario de casualidades’ que enturbiaban el proceso de adjudicación de este área comercial al desvelar la vinculación entre la empresa litigante con aquella que dos años antes había promovido una encuesta sobre la situación del sector comercial en el municipio villalbino.
¿Y por qué digo esto? Pues bien, al margen de otras ‘coincidencias’ que este periódico ha venido desvelando en relación con las personas y empresas vinculadas directa o indirectamente a este proyecto, esta misma semana la web elconfidencial.com publicaba una noticia que, en caso de que el Consistorio villalbino le hubiese adjudicado estos terrenos a la franquicia holandesa, Eurofund Investments La Villa, supuestamente vinculada (no hay datos que lo acrediten) a Eurofund Investments Zaragoza, promotora desde el año 2000 del complejo comercial Puerto Venecia, a más de uno le podrían estar temblando ahora las piernas tras salir a la luz pública que la familia Carbonell, propietaria de Copcisa Corporación, y el resto de sus socios que controlan el 50 por ciento de la propiedad de Puerto Venecia han decidido descolgarse de esta aventura comercial que compartían con British Land. Es decir, que el presunto potencial económico del que hablaba José Pablo González, al referirse a esta empresa y a sus supuestos ‘propietarios’ se hubiese quedado reducido a la mitad.

Pero aún hay más: este área comercial, situado entre los Pinares de Venecia y el Cuarto cinturón de la capital maña, con una superficie de 60 hectáreas y 200.000 metros cuadrados de ocupación comercial, considerado como el complejo más grande de Europa, empezó a resentirse desde el momento en el que algunos importantes operadores que habían anunciado su presencia en el mismo, ante la situación económica por la que atraviesa nuestro país, decidieron echarse atrás, caso de El Corte Inglés, que ha ido aplazando su desembarco ante la falta de perspectivas favorables.

También ha incidido en el desarrollo de este macroproyecto la paralización de una oferta de ocio compuesta por “18 salas de cine, bares, restaurantes, discotecas y dos complejos hoteleros, todo ello articulado en un entorno que comprendía un gran lago central que en verano tendría playa, embarcaciones de recreo y escenarios flotantes, y que en invierno albergaría una pista de hielo”. Al no cumplirse estas proyecciones y en relación con las expectativas iniciales, el valor del activo se ha ido depreciando paulatinamente y los socios con menos músculo financiero han optado por abandonar. Supongo que este mismo proyecto, aunque adaptado a las exigencias de los aproximadamente 50.000 metros del Caño de la Fragua, fue lo que el grupito de personas vinculadas a Eurofund Investments La Villa había prometido al alcalde villalbino, lo que justificaría en parte la defensa que hizo de esta promotora al poner incluso en duda la certificación del propio secretario municipal.

Al margen del abandono del grupo Carbonell, hecho que viene a suponer un serio revés para Puerto Venecia y sus dos promotores (British Land y Eurofund Investments Zaragoza), podemos añadir que los centros comerciales ya no son el paraíso. España inauguró en los años 2007/2008 casi dos millones de metros cuadrados distribuidos en distintos centros comerciales, una cantidad que convirtió a nuestro país en el referente europeo durante esos años por el volumen de superficie comercial. Desde entonces, algunos de los más relevantes han cambiado de manos, otros han cerrado, los menos rentables están en venta y algunos, caso del que se está construyendo en la M-50, van al tran-tran, es decir, sin prisas y a la espera de que lleguen tiempos mejores.

Con esta situación, si el Ayuntamiento hubiese adjudicado el concurso del derecho de superficie de la parcela del Caño de la Fragua a la única empresa litigante, cuyo capital social era de sólo 3.500 euros, es posible que a estas alturas dichos terrenos estarían a punto de ser hipotecados, pues ante la insolvencia de la litigante no se me ocurre una forma más rápida para poder abordar las obras de urbanización. Y a partir de ahí, el resto se lo pueden imaginar...