Los indicios apuntan a un presunto pelotazo urbanístico en los terrenos del Caño de la Fragua

Con estos antecedentes era fácil suponer que la sesión plenaria convocada por el Consistorio local el jueves, 4 de noviembre, es decir pocas horas antes de la apertura de las plicas, paso previo a la adjudicación de dicho concurso, iba a resultar bastante polémica. La edil del PP, Carmen Rodríguez denunció las sorprendentes cláusulas que recogía el pliego elaborado para la adjudicación de estos terrenos, donde “se facilita la intervención de comisionistas y se intuye una presunta utilización de información privilegiada”. El punto que sacó de quicio al alcalde, José Pablo González (PSOE), fue cuando Rodríguez hizo mención a la vinculación de Metro Cuadrado Global y de su director general, Pedro Pérez Montero, con Eurofund Investments La Villa S.L.U., en la que ocupa el cargo de consejero y apoderado. González intentó eludir el asunto preguntando a la portavoz popular si ella tenía pruebas de la vinculación de Pérez Moreno con Metro Cuadrado Global, porque él tenía una nota del Registro Mercantil “donde sólo aparece como administrador de dicha empresa un tal Morales Pérez, que va a emprender las acciones legales correspondientes contra los que vinculan a Pérez Montero con dicha sociedad”.

Tras la tempestad vino la calma y así el jueves, 11 de noviembre, el Ejecutivo socialista, tras conocer el dictamen negativo del secretario municipal a dar validez a la oferta de la única concursante, elabora una nota de prensa para anunciar que “dado que la litigante no ha acreditado suficientemente su solvencia, propondrá a la Mesa de Contratación nombrada para la adjudicación del citado centro comercial, en base a los informes jurídicos elaborados por los técnicos municipales encargados de analizar la documentación presentada por la empresa Eurofund Investments La Villa S.L.U., declarar desierto el concurso por no haber reflejado esta su vinculación con la empresa matriz”. La nota termina afirmando que el Equipo de Gobierno ha tomado esta decisión “para garantizar que todos los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos se cumplan con absoluta pulcritud. ¿Intentaban con ello dejar la puerta abierta a esta mercantil para que volviera a concursar?
4,5 millones de plusvalías
Al margen de la insolvencia mostrada por la litigante y de las peculiares connotaciones que presentaba su currículum, hecho calificado por el grupo municipal de IU como “una evidente prueba sobre cierta connotación de intereses entre el Equipo de Gobierno y la empresa que se presentó al concurso”, lo más grave fue observar el contenido del pliego de condiciones elaborado para la adjudicación de este derecho de superficie y del que la coalición de izquierdas dijo que “sólo le falta la foto para identificar al que posteriormente sería la única empresa licitadora”, dejando en evidencia el hecho de primar los intereses particulares y la especulación a los intereses generales, al conceder el Ayuntamiento al superficiario unos cómodos pagos del canon establecido (alrededor de 1.100.000 euros). Al respecto, nuestro periódico hacia las siguientes cuentas: durante los tres primeros años Eurofund Investments La Villa S.L.U., caso de adjudicarse el concurso, sólo adeudaría al Consistorio local el 25 por ciento del canon (alrededor de 825.000 euros en el total del periodo), aunque sorprendentemente este pago no lo tendría que hacer efectivo hasta el año 2014. En los tres siguientes años y durante la construcción del centro únicamente tendría que pagar el 50 por ciento del canon (550.000 euros anuales), y el abono de esa cantidad sólo se haría efectivo cuando el centro comercial abriese sus puertas, no antes de 2017. Es decir que con suerte las arcas municipales apenas ingresarían 825.000 euros entre 2010 y 2016, cuando en el Plan de Saneamiento el propio Ayuntamiento preveía obtener por este mismo concepto y periodo siete millones de euros. Solamente con esta modificación aflorarían unas plusvalías a favor de la empresa adjudicataria de 4,5 millones de euros.

Cabe suponer que si esta operación hubiese salido adelante, algunos empresarios habrían hecho un magnífico negocio, aunque para el Ayuntamiento supondría una operación ruinosa, más cuando es público y notorio que las arcas municipales están al borde de una quiebra técnica de la que sólo podrían salir con ingresos a muy corto plazo.

Una trama bien orquestada
Ante tal cúmulo de presuntas irregularidades, El Faro del Guadarrama, pese a las descalificaciones recibidas por parte del propio alcalde, que al no poder reprimir los nervios tras ser duramente interpelado por los grupos de la oposición sobre este asunto durante la sesión plenaria celebrada en octubre intentó tirar ‘balones fuera’, acusando a este medio de defender supuestos intereses personales (¿?), afirmación que repetiría posteriormente en los micrófonos de Cope de la Sierra, cuando en realidad si alguien podría tener intereses en este asunto sería ‘su periódico afín’ (ver recuadro de la derecha); pues bien, aún así, El Faro del Guadarrama tras arduas investigaciones ha llegado a la conclusión de que al rebufo de este concurso de adjudicación por procedimiento abierto del derecho de superficie para la construcción y explotación de un centro comercial en la zona del Caño de la Fragua, existía una trama (algunos políticos locales la han calificado de pelotazo urbanístico) que arranca en el año 2008 cuando Metro Cuadrado Global encarga una encuesta para desvelar la “precariedad” comercial de este municipio; que prosigue con una campaña promovida desde el Ejecutivo socialista donde en base a dicha encuesta se llega a afirmar (capítulo ‘V’ de las cláusulas administrativas) que Collado Villalba “presenta en la actualidad un desajuste de superficie comercial general, es decir, una carencia de oferta comercial respecto al exceso de demanda que asciende a ¡¡632 millones de euros!!... lo que hace que sus habitantes tengan que desplazarse a otros municipios para, a falta de grandes rótulos (tiendas de marca), realizar este tipo de compras”; todo ello respaldado por las informaciones publicadas por El Telégrafo, que el 19 de septiembre de 2008 entrevistó al alcalde, quien en relación a este asunto dijo: “La encuesta publicada por los medios de comunicación (¿?) aseguraba que el 80 por ciento de los villalbinos no se compran la ropa y los complementos en Collado Villalba, sino que lo hacen fuera. Si queremos recuperar esta capitalidad comercial no vale con la oferta existente, tenemos que adaptarnos a los nuevos gustos y a las nuevas demandas y hábitos de consumo de los ciudadanos. Y las administraciones públicas tenemos que proporcionar los medios para que la inversión privada venga al municipio”. En base a ello y a través de un polémico Plan Parcial, actualmente recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso Administrativo, y que sólo fue refrendado por el grupo municipal socialista, se elaboró el pliego que sería enviado, con carácter de urgencia, el día 31 de julio de 2010 al BOCAM, oficializándose así el citado concurso.

En el cuadro superior aparecen varias empresas y algunos de sus dirigentes que, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, se han visto relacionados con este concurso, destacando entre ellas una conocida constructora-promotora vinculada a través de su propietario al periódico El Telégrafo, que, curiosamente, ha sido adjudicataria durante los últimos años de otros concursos públicos promovidos por el Ayuntamiento villalbino. En el gráfico superior aparecen estas mercantiles y el nombre de algunos de sus dirigentes. Algunas de estas empresas, pese a tener sus domicilios sociales en otros municipios, utilizan actualmente la oficina 16 del Edificio América III, en la calle Adolfo Pérez Esquivel, 3-1; Las Rozas (Madrid), en la gestión de sus negocios.