El alcalde de Villalba se decanta por la opacidad y evita entrar en el fondo de las cuestiones planteadas respecto al centro comercial

Después de dos semanas en las que El Faro del Guadarrama ha venido ofreciendo amplia y contrastada información acerca del proceso para adjudicar el derecho de superficie en el sector Caño de la Fragua, donde el Equipo de Gobierno pretende construir un gran centro comercial, el tema llegó ayer al pleno a través de las preguntas del Partido Popular e Izquierda Unida, grupos que pidieron a los responsables municipales que ofrecieran las explicaciones pertinentes acerca de este asunto, destacando el hecho de que la única empresa que ha licitado en el concurso se constituyó apenas unos días antes de la celebración del pleno en el que se aprobó el correspondiente pliego de condiciones, así como las relaciones societarias existentes con una sociedad que, dos años antes, había realizado un sondeo acerca de la demanda de este tipo de instalaciones en la localidad. Tuvo que ser la portavoz de IU, Ascensión de las Heras, la que recordase al edil de Urbanismo, Juan José Morales, que no le había pedido su opinión sobre el medio que publicaba esta noticia -un mal que parece endémico en el Equipo de Gobierno-, sino sobre los hechos que allí se relataban, algo sobre lo que el concejal pasó de largo. A continuación, la edil popular Carmen Rodríguez incidió en el tema, llegando a pedir la paralización de esta tramitación. Frente a las críticas de la oposición, el alcalde de Collado Villalba, rehusó entrar en el fondo de la cuestión, valiéndose únicamente de acusaciones veladas, además de erigirse en portavoz de aquellos a los que aludía la información, demostrando una vez más cómo prefiere actuar con una preocupante opacidad antes que optar por una transparencia que debería ser de obligado cumplimiento. Como cabía esperar, dijo no saber nada de las relaciones entre la empresa litigante y la que encargó la encuesta, ni tampoco ofreció mayores explicaciones acerca de la creación de la sociedad prácticamente en vísperas de que el tema llegase al pleno celebrado el pasado mes de julio. José Pablo González se limitó a señalar que los datos y nombres son públicos y aparecen en el Registro Mercantil -como así reiteramos en la página 5 de esta misma edición-, emprendiendo una burda maniobra de despiste con el fin de no responder a las decisivas cuestiones que le habían planteado.