Los ecologistas alertan del peligro de la caza en zonas públicas

Como cada otoño, el 8 de octubre se inicia el periodo hábil de caza en la Comunidad de Madrid. Y como cada año, los vecinos de numerosos municipios serranos se asombran de que sigan permitiendo pegar tiros casi junto a sus viviendas y en los mismos lugares por donde pasean y montan en bicicleta.

En el municipio de Colmenarejo el caso es más grave, ya que su Ayuntamiento sigue permitiendo la caza en dos parcelas municipales, Las Nicolasas y Peñarrubia, ubicadas en zona de máxima protección del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. Tal y como ha denunciado en varias ocasiones el grupo conservacionista Proyecto Verde, en estas fincas “no se cumplen las distancias reglamentarias a núcleos de viviendas o caminos públicos para disparar. Por ello, en dichas parcelas y sus alrededores, que son transitadas por un gran número de vecinos, no está justificada documentalmente la excepcionalidad que contempla la Ley de Caza para cotos menores de 260 hectáreas. Y es que estas parcelas tampoco cumplen el requisito de tamaño mínimo que estipula la vieja Ley de Caza. A pesar de esto, el Equipo de Gobierno (PSOE, APIC e IU) sigue permitiendo que se dispare y maten animales en parcelas públicas, atendiendo las peticiones de los cazadores del pueblo, a pesar del riesgo y rechazo del resto de los vecinos ”, señalan desde este colectivo.

Como han explicado reiteradamente asociaciones ciudadanas y conservacionistas, “esta actividad es incompatible con el desarrollo de otros usos en la naturaleza, lo que está generando cada vez más conflictos entre cazadores y no cazadores”. Esta tensión aumenta en los mismos caminos públicos que lindan con las fincas autorizadas por el Ayuntamiento para la caza, ya que los cazadores pretenden impedir que la gente camine fuera de los caminos los días festivos y que los perros de estos caminantes anden sueltos. Todo ello ya ha provocado más de un incidente en municipios como Hoyo de Manzanares y amenaza con estallar en cualquier otra localidad de la zona. Pero como recuerdan estos colectivos, “más grave si cabe es el caso del coto frente al colegio público Las Veredas, junto al parque infantil del Caño y próximo a zonas urbanas habitadas”, que ya fue denunciado por vecinos de la zona, padres de alumnos y diversas asociaciones en 2008. Se trata de un coto autorizado en 2006 por la Comunidad de Madrid, pero que, tras la denuncia de Proyecto Verde, se comprometió a suspender el citado permiso. Sin embargo, ante los retrasos burocráticos de la Administración regional se acordó con el titular de la finca que no se cazara los jueves por ser día lectivo.

En la actualidad, recuerda Proyecto Verde, “se sigue permitiendo cazar sábados, domingos y festivos, pero se da la circunstancia de que los alumnos suelen realizar actividades en el patio del colegio, frente al coto, los sábados, y el parque infantil se llena de niños los fines de semana y festivos. El coto está ahora delimitado en parte por una valla metálica de poca altura, que puede servir para disuadir a niños y paseantes de entrar, pero no elimina el riesgo de que sean alcanzados por los proyectiles de los cazadores”.

Al margen de la actitud de algunos ayuntamientos, para los grupos conservacionistas el máximo responsable sigue siendo la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que a su juicio está “permitiendo que la caza se practique durante todo el año, incluso los meses de verano, cuando un mayor número de personas sale al campo. Y, por si fuera poco, se permite desde hace años un incremento de vallados cinegéticos, que impiden totalmente el paso, con el cierre de caminos, incluso públicos, de forma previa a las monterías o ganchos, para evitar que se moleste a los animales que luego serán sacrificados y, teóricamente, para preservar la seguridad de las personas, aunque la propia normativa prohíbe disparar desde y hacia los caminos”.