La lectura que puede uno sacar sobre la jornada del 29-S en la Sierra del Guadarrama es bastante sencilla: los ciudadanos dieron la espalda a los sindicatos al no secundar la huelga general, ejerciendo su derecho al trabajo. Y es que, al margen de la poca incidencia habida en el ámbito de la administración (en enseñanza y sanidad apenas superó el 7 por ciento), en el resto de los colectivos fue nula, de ahí que tanto los pequeños y medianos comercios como aquellos relacionados con el sector hostelero y turístico tampoco secundaran el paro. También es digno de destacar la ausencia de piquetes, sobre todo en Collado Villalba, donde salvo un amago, a primeras hora de la mañana, para evitar que abriese al público el centro comercial Los Valles, donde se ubica Carrefour, intentona que fue abortada por los efectivos desplegados en la zona por la Guardia Civil, y algún que otro incidente originado por el sellado con silicona de unas pocas sucursales bancarias, el capítulo de incidencias se puede considerar casi nulo. Es más, al acto celebrado a última hora de la mañana por los dirigentes de las dos centrales sindicales, UGT y CC OO, en la plaza de la Estación villalbina, los asistentes apenas superaban el centenar de personas, algo bastante significativo a la hora de analizar una huelga que fue convocada antes del verano con el único objetivo, dicen, de apuntalar al gobierno de Rodríguez Zapatero para que así pudiera demostrar a la sociedad que sus recortes sociales, obligados por la Unión Europea, hubieran sido más radicales si estuviera en el poder el PP.
Desde una comarca donde la industria apenas existe, de ahí la ausencia de los famosos piquetes coactivos, la conclusión que hemos podido sacar es que los sindicatos, pese a los esfuerzos realizados a última hora, se han equivocado, que la reprobación al Gobierno se tendría que haber llevado a cabo al menos hace un año y que el derecho a la huelga no es de los sindicatos, sino de los trabajadores.
Los actos vandálicos que nos fueron sirviendo las televisiones en la jornada del miércoles nos obligan a preguntarnos. ¿Quién debe pagar los destrozos realizados por los piquetes en las grandes ciudades españolas? ¿Los asumirán los sindicatos? Lamentablemente, esa factura la va a terminar pagando una sociedad que mayoritariamente quiso trabajar y a la que algunos desaprensivos le quisieron arrebatar por la fuerza este derecho constitucional.
Las cámaras de vigilancia y la libertad de las personas
Todos los esfuerzos que hagan nuestros gobernantes para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos, sobre todo en momentos donde los robos, las agresiones y las amenazas a las personas están a la orden del día, deberían ser bien recibidos, aunque en algunos casos, sobre todo en aquellos donde se plantee la posibilidad de instalar cámaras en la vía pública, suele producir un efecto contrario. Esto ocurrió en Madrid, con las cámaras instaladas por el Ayuntamiento en la calle Montera, y esto parece suceder también en Galapagar, donde los grupos de la oposición no parecen estar muy de acuerdo con el proyecto presentado por el Ejecutivo presidido por Daniel Pérez y con el que pretende ubicar 65 cámaras de seguridad en centros educativos, edificios municipales, rotondas más transitadas y en algunas urbanizaciones, por considerar que ello supone “un grave atentado contra la libertad individual de las personas”.
Si, como dice el propio alcalde galapagueño, esta inversión que ronda los 850.000 euros y que se realizará con cargo al Plan Prisma (2008-2011) sólo pretende mejorar la seguridad ciudadana, erradicar los actos vandálicos y evitar robos, sin que los datos obtenidos de carácter personal puedan ser utilizados para conculcar los principios y garantías establecidos por la ley, bienvenidos sean estos artilugios que serán controlados por la Policía Local desde un centro de pantallas. Yo creo que el hecho de sentirnos vigilados por una cámara situada en la vía pública tampoco es para que nos rasguemos las vestiduras.
La disciplina de voto y la alcaldesa de Valdemorillo
A Pilar López Partida, alcaldesa de Valdemorillo, le ha salido un incómodo ‘grano’ en el seno de su grupo municipal. Me refiero a la postura contestataria mostrada últimamente por dos de sus ediles, concretamente los responsables de las áreas de Seguridad y Deportes, María Teresa Hernández y Francisco Osuna, que recientemente apoyaron una propuesta de los grupos de la oposición, contraria a la moción promovida por el Ejecutivo al que pertenecen, en el polémico tema de la apertura de un expediente al cabo-jefe de la Policía Local. Y según hemos podido saber, esta postura crítica con la gestión de López Partida se puede volver a repetir en otro tema no menos escabroso, éste relacionado con la adjudicación de unos terrenos de propiedad municipal, situados junto a la plaza de toros de La Candelaria, para la construcción de un colegio privado, puesto que dicha transacción conlleva la ejecución de un viejo convenio que permite construir a una conocida promotora 168 viviendas en esa misma parcela. Y claro, cuando se mezcla política, enseñanza y los intereses de los constructores, las suspicacias se desatan.
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No(
