El Ejecutivo pide al Comité que rectifique en sus acusaciones sobre el despilfarro

El Gobierno ha señalado que durante el proceso de contratación -al que se presentaron tres empresas-, la técnico especialista en esta materia “informó que por múltiples aspectos la Fundación Complutense era la más adecuada para realizar dicho trabajo, lo cual es informado en el Comité de Seguridad y Salud. El Ayuntamiento no tenía contratado este servicio, ya que la empresa MGO había sido designada para la evaluación de riesgos laborales y tiene expresamente excluido de su contrato esta prestación”.

En cuanto al requerimiento realizado por la Inspección de Trabajo “con motivo de la reclamación efectuada por la sección sindical de la CGT, el Ayuntamiento va a presentar las alegaciones pertinentes”.

En este sentido, el inspector de Trabajo envió un requerimiento en el que indicaba que “hay que tener en cuenta que al no contar el Ayuntamiento con un servicio de prevención propio, la evaluación de riesgos debe realizarse por un servicio de prevención ajeno, debidamente acreditado, debiendo constar que se mantiene un concierto con el servicio de prevención del Grupo MGO desde el 15 de noviembre de 2001, que entre las disciplinas asumidas figura la de psicosociología aplicada, por lo que corresponde a éste realizar la evaluación en esta materia (...) La evaluación de riesgos psicosociales está incluida en el contrato con el Grupo MGO, por lo que se desconoce el motivo por el que se ha recurrido a la Fundación Universidad Complutense a cambio de una cantidad astronómica”.

El Comité responde al Ejecutivo
Por su parte, el Comité de Empresa ha querido puntualizar que “la denuncia fue presentada por el órgano colegiado y no por la sección sindical de la CGT, como torticeramente indica el comunicado”.

Los sindicalistas han reiterado que lo único que han hecho ha sido “informar documentada y fehacientemente de la contestación y el posterior requerimiento al Ayuntamiento de un organismo público -la Inspección de Trabajo-, al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas y exigir las responsabilidades correspondientes en caso de infracción o incumplimiento y, por tanto, consideramos que nuestra actuación en todo momento ha sido ajustada a derecho y su objeto no ha sido otro que la defensa de los intereses de los trabajadores, vecinos y ciudadanos contribuyentes”.

Los representantes de los trabajadores han recordado al Equipo de Gobierno que “en su momento les remitimos cumplida información a través de un escrito dirigido a su máximo responsable, el alcalde, José Pablo González, sin obtener contestación alguna, hecho decisivo a la hora de dirimir responsabilidades públicas”. “A diferencia del Ejecutivo socialista - prosiguen- consideramos que la actuación de la Inspección de Trabajo se ha caracterizado por los principios de celeridad, transparencia y calidad, así como por la consistencia y proporcionalidad en su actuación, aunque respetamos que el Equipo de Gobierno considere lo contrario”.

Por último, han recordado con cierta sorna que “el Ayuntamiento ya cuenta con un servicio de asesoría jurídica en materia laboral, por tanto rogamos que no se dupliquen en esta ocasión los gastos de las acciones que contra este Comité de Empresa tengan a bien emprender”.