El abogado general del Gobierno y José Bono

Existe un decreto de 2001, firmado por el entonces fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en el que afirma textualmente que “ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impide la utilización de informaciones periodísticas. Para muestra, un botón. Villarejo abrió diligencias en torno a Jesús Gil (caso Saqueo 1 de Marbella), apoyándose en revelaciones de prensa y citó a declarar a varios periodistas.

Pero el fiscal general del Estado echa por tierra este criterio, por lo demás de puro sentido común, a la hora de poner las irregularidades de Bono bajo la lupa. Como si no hubiera motivos. Y como si no se cumplieran algunos requisitos que expone Villarejo, como la profusión de datos o reproducciones fotográficas de documentos. ‘La Gaceta’ lleva publicadas decenas de informaciones sobre el incremento patrimonial de José Bono y ha reproducido documentos tan relevantes como la firma del constructor Santamaría en el talón con el que se pagaba la decoración de dos casas del político socialista. Por no hablar de otras tantas pruebas sobre adjudicaciones y presuntos tratos de favor. Son cosas que llamarían la atención a un estudiante de primero de Derecho y, en buena lógica, deberían tener el interés prioritario del fiscal general del Estado.

Pero Conde-Pumpido se ha negado a investigar el caso Bono. Y lo ha hecho de la manera más escandalosa: primero, filtrando a sus medios amigos los falsos planteamientos que le han llevado a dar carpetazo al caso, y después, ocultando la verdad al decir que había dado respuestas a los escritos presentados por el Partido Popular ante su Fiscalía. Es obvio que el ministerio público exhibe una doble vara de medir, lo cual atenta contra el principio de legalidad. La actitud obstruccionista de Cándido Conde-Pumpido en el caso Bono es la de un abogado general del Gobierno que contradice a su colega Carlos Jiménez Villarejo, cuando en 2001 denunciaba que “hay intereses de oportunidad política que frenan las investigaciones”.