Vean, pues, el pronunciamiento que hace sobre este asunto Manuel Ángel Aguilar Belda, Adjunto al Defensor del Pueblo, en su escrito de fecha 12 de mayo de 2010: “A juicio de esta Institución, durante las Fiestas Patronales, dada la proliferación de asistentes y el ambiente, ha de buscarse no una relajación sino una acentuación de la vigilancia sobre ciertas costumbres y usos cívicos, precisamente para evitar males que, en fechas ordinarias, no aparecen. O sea, que durante las fiestas ha de exigirse ser más estricto de lo normal en el cumplimiento de las normas elementales de convivencia (evitar suciedad en la vía pública, reducir el ruido, vigilar con más intensidad el uso adecuado del entorno). Por tanto el Ayuntamiento [se refiere al de Colmenarejo] durante esos días debe intentar disminuir el impacto de las fiestas y no acentuarlo, máxime cuando existan viviendas habitadas a escasos metros del ferial. Una interpretación correcta y cabal de la flexibilidad de la legislación, de la tolerancia municipal y de los vecinos, ha de ser la de extremar el cuidado, la atención y del deber de velar por quienes no participan en las fiestas especialmente en determinadas horas. Otra interpretación sería irrespetuosa con el civismo y los derechos de todos”
Desde mi punto de vista, este escrito, debe ser considerado como un aviso a esos navegantes de la noche que acostumbran a perder las formas durante las fiestas de su pueblo y, también, a aquellos alcaldes, excesivamente indulgentes sobre todo a la hora de tomar las medidas necesarias para que se respete el descanso de muchos de sus conciudadanos.
La alcaldesa de Valdemorillo y ‘su’ derecho de rectificación
Esta vez le ha tocado a www.sierraoestedemadrid.com apechugar con el habitual recurso del pataleo (en esta ocasión acogiéndose ¡como no! al derecho de rectificación) de la alcaldesa de Valdemorillo, Pilar López Partida, tras la información publicada por ese periódico digital acerca de un decreto firmado por ella en el que, presuntamente, la primera autoridad municipal retiraba a la concejala de Seguridad Ciudadana, Mayte Hernández, sus competencias sobre la Policía Local.
Carlos Fernández, responsable de contenidos de dicho periódico, ha respondido al escrito de la alcaldesa, en los siguientes términos: “El empeño de doña Pilar López por dictar lo que escribe éste y otros medios que le resultan molestos es patético, preconstitucional y propio de una política que nada, bucea y vive en el más absoluto nepotismo desde hace tiempo... Sentimos mucho (por usted) no ser de su agrado. A nosotros tampoco nos gusta su gestión y nos tenemos que aguantar”
Nuestro periódico también ha sufrido en algunas ocasiones las críticas la señora alcaldesa de Valdemorillo que, vía fax, han ido llegando a la redacción de El Faro del Guadarrama amparándose, también, en el derecho de rectificación, escritos en los que, por un lado intentaban desmentir nuestra información y por el otro, con algunos matices, la admitía. Y cuando esto sucede, como ahora con el tema de la concejala de Seguridad Ciudadana, el objetivo es evitar que la verdad llegue a la opinión pública. Yo sólo quisiera recordarle a doña Pilar que el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados por aquellos políticos que quieren imponer ‘su verdad’ silenciándo la de otros. Espero y deseo que en este caso no sea así.
Exceso de concejalías con dedicación exclusiva
El ayuntamiento de Collado Villalba, en el último pleno, ha hecho públicas las medidas que ha tomado para reducir los gastos de su menguada tesorería para así cumplir el Decreto de Reducción del Déficit Público, medidas que, fundamentalmente, se han limitado reducir los salarios (del 1,38 al 7,41 a los funcionarios), el 5 por ciento al personal laboral y entre un dos y un 10 por ciento a políticos y asesores, lo que supone un ahorro de poco más de 600.000 euros, más o menos el presupuesto de las fiestas patronales de Santiago Apóstol. José Pablo González ha perdido una gran oportunidad de desprenderse del calificativo de derrochador al no afrontar, siguiendo el ejemplo de Zapatero, una remodelación de gobierno que facilitase la reducción del elevado número de concejalías con dedicación exclusiva, trece en total (las mismas que concejales socialistas), cuyos sueldos superan, en la mayoría de los casos, los 4.000 euros mensuales. Eso sí que sería una muestra evidente de querer ahorrar.