Esta situación, unida al deterioro de las placas graníticas colocadas en las zonas peatonales, sucias y abandonadas a su suerte, ponen en solfa una vez más la gestión del Ejecutivo presidido por el socialista José Pablo González, primer responsable de la escasa calidad con la que se han llevado a cabo, además de ésta, la mayoría de las obras públicas en este municipio, permitiendo la ejecución de proyectos realizados con materiales deficientes pagados a precio de oro, y, lo que aún es más grave, que estos no hayan tenido un debido control técnico y administrativo, lo que ha ocasionado, una vez recepcionada la obra, que la reparación de los mismos resulte prácticamente imposible. Y esto es responsabilidad directa de los políticos locales, sobre todo de aquellos que gustan manejar el dinero de los contribuyentes sin dar explicaciones a nadie. Elegir materiales deficientes e inadecuados, como ha ocurrido en la obra de Honorio Lozano-Batalla Bailén, es al menos censurable; pero no supervisar la ejecución de una obra cuyo coste superó los 40 millones de euros, cuando su adjudicación se cerró en 20, nos parece intolerable, más si tenemos en cuenta que la Concejalía de Urbanismo cuenta con servicios técnicos suficientes (en este caso, hasta ahora, se han ido de rositas) para velar por la calidad de los proyectos que contrata su patrón, que no es otro que el propio Ayuntamiento. Para modernizarse, como gusta decir a José Pablo González, Collado Villalba necesita sobre todo que el Consistorio se olvide de los caprichos y haga las obras necesarias, en plazo y a un precio que sea razonable. Ese sí sería un Ayuntamiento eficaz.
Huelga descafeinada de funcionarios en la Sierra
Para la mayoría de las personas afincadas en esta comarca, la jornada de protesta organizada por los sindicatos en contra de la reducción salarial establecida por el Gobierno de Zapatero contra los funcionarios públicos pasó casi desapercibida. La mayoría de los ayuntamientos funcionaron con total normalidad, y lo mismo sucedió en los centros de salud, juzgados, colegios públicos y en las delegaciones comarcales de Hacienda y de la Seguridad Social. Y es que el país no está precisamente para este tipo de pulsos, de ahí que esta huelga, sobre todo desde el momento en que CC OO y UGT decidieron utilizarla como herramienta de presión contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estaba condenada al fracaso.
Acudiendo a su puesto de trabajo el ‘8-J’, los funcionarios públicos dieron una respuesta contundente a la actitud pasiva de los sindicatos que, pese al paro y la crisis, han venido manteniendo una actitud pasiva y de indisimulada complicidad con el Gobierno.
Si para UGT y CC OO esta era la prueba del algodón a la hora de cuantificar su poder de convocatoria de cara a una huelga general, la respuesta ha sido demoledora y la presunta protesta contra este Gobierno calamitoso tendrá que esperar, afortunadamente, porque España no está ahora para huelgas.
El Avance del PGOU de Alpedrete sale adelante gracias a UNPA
Al final hubo ‘fumata blanca’ y el Equipo de Gobierno que preside Marisol Casado (PP) ha conseguido sacar adelante el Avance del polémico PGOU de esta localidad tras largas semanas de incertidumbre y una crispada polémica que afectó a políticos y a ciudadanos con intereses personales en dicho planeamiento.
La mayoría absoluta que precisaba este documento llegó, como ya adelantó El Faro del Guadarrama, de la mano de Angelines Paz y Julián Jiménez, ediles de UNPA, una decisión que se hizo oficial en el propio salón de plenos, provocando fuertes críticas entre el público asistente.
El primer paso para la aprobación de un PGOU que ha necesitado algunos recortes para salir del atolladero, está dado. Ahora queda el placet de la Comunidad de Madrid y la resolución del Fiscal Anticorrupción tras la denuncia presentada por IU-Madrid por un presunto caso de corrupción urbanística en la elaboración de este planeamiento, denuncia que provocó la comparecencia, el pasado martes, de su portavoz, Fernando Jiménez en un juzgado de Collado Villalba consecuencia de la querella presentada contra él por el edil popular Tomás Carrión, copropietario de la finca de Los Llanos-Sur, origen de la polémica.
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