Planificación urbana, entorno y vivienda

Este modelo de evolución basado en el negocio ha detraído enormes recursos del desarrollo de sectores productivos, ha endeudado a una gran parte de la población y además está llevando a zonas como la Sierra al desastre ecológico.

Los municipios españoles, también los europeos, debido a la importancia cada vez mayor que tiene el territorio, se encuentran en un momento en el que, junto a los estados y las instituciones internacionales, se están convirtiendo en el foco de un nuevo desarrollo político y social. Como consecuencia de ello, las políticas municipales y más concretamente las relativas a la planificación urbana y a la ordenación del territorio, son vitales para la formación de una nueva ciudadanía, para una mayor unidad social y un pluralismo tolerante.

La nueva importancia y autonomía de los municipios requieren a su vez de un marco institucional con competencias claras y financiación suficiente y directa, no a través de convenios con la Comunidad de Madrid que limitan la autonomía municipal. Así, el pacto local como mecanismo de articulación política antigubernamental y de atribución de estabilidad y protagonismo institucional a los municipios es en este campo un objetivo fundamental e irrenunciable.

Las dramáticas consecuencias sociales de la especulación de la vivienda y sus efectos negativos sobre el desarrollo económico de la Comunidad de Madrid exigen de todos nosotros una posición claramente definida para combatirla desde la sociedad y desde las instituciones. Esa posición, hoy por hoy, no se está dando ni siquiera en los municipios gobernados por la izquierda. Hay que considerar insuficientes las políticas que se limitan a más vivienda protegida, sea esta en propiedad o en alquiler, porque no atacan el núcleo de la especulación que no es otro que el mercado libre. Este tipo de política de viviendas se limitan a proponer sólo soluciones paliativas a sectores sociales que, de todas formas, no tendrían la solvencia económica suficiente para acceder a ese mercado libre, intocable tanto para el PP como para el PSOE. Además, este modelo de viviendas sociales, genera guetos, enfrenamientos y son fuente de corrupciones de todo tipo.

Por el contrario es necesaria un intervención decidida del poder público, tanto municipal como autonómico, en el mercado de la vivienda mediante la modificación de la legislación básica del suelo en el sentido contrario de la que está proponiendo el gobierno-inmobiliaria de Esperanza Aguirre; en el planeamiento urbano y la ordenación del territorio; en la financiación municipal; en la utilización de medidas fiscales para combatir la especulación y para facilitar la rehabilitación cuyo destino sea el alquiler. Las administraciones autonómicas y locales deberán crear agencias de vivienda, tanto para la construcción y gestión de las mismas como para llegar a convenios con los propietarios privados que limiten los alquileres a cambio de seguridad en el cobro y así asegurar el derecho constitucional a una vivienda digna.