El Ejecutivo regional reclama al Gobierno de Zapatero otros 217 millones de euros

La Comunidad de Madrid recurrirá ante la Audiencia Nacional el recorte de los anticipos a cuenta previstos para el año 2010, al considerar que el Gobierno de la Nación incumple el nuevo sistema de financiación autonómica. El perjuicio para Madrid, indican desde el Ejecutivo regional, se calcula en la cantidad total de 217,4 millones de euros, que resulta de la diferencia existente entre las cuantías contenidas en el presupuesto de la Comunidad para 2010 (1.480,8 millones), que fueron calculadas teniendo en cuenta el nuevo sistema de financiación y los Presupuestos Generales del Estado, y la que ahora da el Gobierno central (1.263,3 millones). Así lo anunció ayer el portavoz del Gobierno autonómico, Ignacio González, y destacó que esta diferencia responde a un cambio de criterio del Ejecutivo central en esta materia, que a su juicio podría calificarse de deslealtad entre instituciones, que pone de manifiesto un nuevo incumplimiento en materia de financiación de comunidades autónomas y ocasiona graves perjuicios económicos a las regiones.

Una contradicción
Para el vicepresidente, resulta paradójico que el Gobierno de Rodríguez Zapatero “asfixie aún más a la Comunidad de Madrid con la merma de ingresos que le corresponden, cuando el propio Ejecutivo cuya administración es responsable del 88 por ciento del déficit público, exige austeridad y medidas de contención a las comunidades”.

Así se desprende del informe presentado en el Consejo de Gobierno por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, sobre la impugnación a la orden de la vicepresidenta económica del gobierno y ministra de Economía y Hacienda de fecha 22 de marzo. En esta orden, se acuerda conceder a la Comunidad de Madrid 217,4 millones de euros menos de los presupuestados en concepto de anticipos para 2010 de los fondos y recursos adicionales del sistema de financiación.

Esta reclamación judicial se une a las que la Comunidad de Madrid mantiene frente al Gobierno de la Nación en concepto de lealtad institucional (5.583 millones de euros); por la entidad colaboradora sanitaria por un importe conjunto de 368 millones, sobre las que existe ya una sentencia firme de 200 millones y una reclamación pendiente de otros 168. Por otra parte, hay que recordar las reclamaciones en concepto de deuda histórica por fondos perdidos en inversiones territorializadas del Estado, no reconocimiento de la población real, menores aportaciones a la dependencia y contrato del programa del Consorcio de Transportes, etc. Todas ellas sumaban 18.831 millones de euros, a los que ahora se unen 217 más, que arrojan una cifra final de 19.050.