La tragedia del paro y sus consecuencias

Y esto sucede en un mes donde tradicionalmente solía disminuir el número de parados debido a las contrataciones que se realizaban en vísperas de la Semana Santa, de ahí que resulten sorprendentes, incluso indignantes, las afirmaciones realizadas por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cuando el pasado lunes, y tras conocer estos cifras, dijo: “Estos datos consolidan la tendencia de que estamos en el camino de la recuperación”, algo que nos recuerda, por desgracia, los brotes verdes de la ministra Salgado.

Aquí, digo yo, lo único cierto es que hay más de millón y medio millón de personas que carecen de cualquier tipo de subsidio; que cuatro millones y medio están sin empleo y que muchas familias carecen de ingresos para poder subsistir.Y el drama de estas personas aumenta cuando ven que no hay soluciones ni a corto ni a medio plazo, ni tampoco medidas políticas, ni siquiera sensibilidad ni autocrítica por parte de unos gobernantes incapaces de hacer frente a esta situación.

Los que peinamos canas creo que estamos autorizados a decir que la historia se repite. En 1996 había crisis con el PSOE, se destruía empleo y las pensiones peligraban. De nuevo con el Partido Socialista en el poder la crisis nos machaca, las empresas y autónomos continúan desapareciendo, el paro alcanza cifras históricas y, por si esto fuera poco, además de subirnos los impuestos, nos atosigan con el pensionazo y nos asustan con la viabilidad del sistema de pensiones. Aún así, ahí están nuestros gobernantes gastándose el dinero de todos en promover la venta de automóviles, en la puesta en marcha del coche eléctrico, en echarle un cable de 3.000 millones de dólares a Grecia o repartiendo ‘aguinaldos’ en Haití, mientras en nuestro país centenares de miles de personas tienen que malvivir, buscarse el sustento diario en los contenedores de basura o ejercer la indigencia.

Y con todo esto aún tienen la cara de decir que vamos por el buen camino...

La peculiar gestión de la alcaldesa de Colmenarejo

María Isabel Peces-Barba Martínez, alcaldesa de Colmenarejo durante esta última década gracias a los pactos de gobierno firmados por su partido (APIC) con PSOE e IU, es una de las regidoras mejor pagadas de nuestro país tras haberse asignado un sueldo de más de 42.000 euros anuales, cifra a la que hemos añadir coche oficial, conductor, jefe de gabinete, etc. Pues bien, además de todo esto, que ya de por sí en esta época de crisis es bastante, esta señora amenaza a sus vecinos cuando intentan interpelarla en el salón de plenos con echarles encima a los servicios jurídicos municipales que, curiosamente, son ellos quienes les pagan, por si procediera, en función de su osadía, empapelarlos. Y esto viene a cuento de lo sucedido en una sesión plenaria reciente donde algunos miembros del colectivo Colmenarejo Mejor intentaron preguntar a su regidora sobre la certificación final de obra del Centro Cívico, al entender estos que los trabajos en dichas instalaciones aún no habían finalizado. Pues bien, doña Isabel no sólo les impidió ejercer su derecho “porque su pregunta contiene acusaciones falsas e insinuaciones”, sino que además les advirtió haber puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos municipales para que analizasen si las acusaciones (¿?) vertidas contra su persona pudieran ser constitutivas de un delito de injurias. Peculiar e interesada interpretación del poder.

Los contratos ‘troceados’ y la trama del caso Gürtel

Otro tema de actualidad en nuestra región viene de la mano del caso Gürtel, sobre todo tras la supuesta percepción de los investigadores policiales de una trama relacionada con el Ejecutivo de Esperanza Aguirre en el sentido de vulnerar la ley a la hora de adjudicar contratos a la trama corrupta. Para ello se basan en la utilización por parte de algunos políticos madrileños de ‘trocear’ contratos mayores de servicios, organización de eventos o suministros en contratos inferiores a los 12.000 euros para evitar sacar a concurso público estas adjudicaciones. De esta manera, dicen los investigadores, se daban los contratos a ‘dedo’ a una serie de empresas. Y acusan de esta práctica a varios alcaldes del PP, obviando, creemos que por desconocimiento, lo que se hace al respecto en algunos consistorios socialistas. Pues bien, si estas prácticas son verdaderamente ilegales, yo invito a estos señores investigadores y a la propia Fiscalía a que se den una vuelta por Collado Villalba y comprueben cómo se hacen aquí algunas adjudicaciones.