La defensa de la alcaldesa de El Boalo asegura que la denuncia “no tiene verosimilitud”

Iglesias también señaló que no se puede hablar aún de que su representada haya sido “imputada”, si bien es la propia juez la que utiliza este término en el auto con fecha 20 de julio de 2009 al que hacíamos referencia en la pasada edición. Por otra parte, indicó que el proceso aún está lejos de llegar al final, puesto que aún debe resolverse el recurso del fiscal acerca de la condición de Antonio Gata como denunciante e imputado a un tiempo. “A partir de entonces”, subrayó, “se dará inicio al procedimiento ante el Tribunal del Jurado, con una comparecencia, y ahí se podrá pedir el archivo o las diligencias oportunas”.

El escrito del 9 de julio
Por otra parte, en el escrito que la defensa presentó el 9 de julio solicitando el sobreseimiento y archivo de la causa -petición que fue desestimada-, se indicaba en primer lugar que a lo largo de la instrucción “se han practicado distintas diligencias, incluyendo una exhaustiva investigación sobre las cuentas bancarias y bienes de mi representada, y de la prueba practicada no se desprende indicio alguno que acredite la verosimilitud de los hechos objeto de la denuncia”.

En cuanto a la grabación en minidisc de una supuesta conversación entre Antonio Gata y Carmen Díaz, señala que su representada “se negó a prestar su voz con fines de una pericial fonográfica, pero su silencio no puede interpretarse en caso alguno contra ella, que queda amparada en la presunción de inocencia, sino que se corresponde con un elemental criterio de prudencia, dada la manipulación que en plena campaña electoral venía produciéndose”. En este sentido, advierte que la denuncia se presentó sólo cinco días antes de los comicios municipales del 27 de mayo de 2007, con lo que concluye que la finalidad de la misma era “interferir en el proceso electoral”.

En su argumentación, el letrado también alude al extracto bancario, manifestando que no acredita que Carmen Díaz “fuera receptora de tal suma (60.000 euros), sino que en esa fecha se retiró de esa cuenta tal cantidad”. Es más, afirma el abogado que el denunciante “aprovecha ese movimiento bancario para tratar de dar cobertura a su versión, pudiendo corresponder el mismo a cualquier otra operación que haya realizado”.

Expedientes urbanísticos
A continuación centra su exposición en la tramitación de los expedientes urbanísticos, asegurando que cronológicamente no coinciden los distintos actos administrativos con las fechas de los supuestos pagos, lo que hace de todo punto inverosímil su versión”, añadiendo también que Carmen Díaz actuó “como alcaldesa, nunca a título particular”. En este sentido, detalla las actuaciones que se llevaron a cabo en esta operación, desde la compraventa del solar en febrero de 2002 hasta la última notificación de la Secretaría del Ayuntamiento a la mercantil Cergasa en mayo de 2006, cinco años después. Como ejemplo, explica que el estudio de detalle se aprobó definitivamente “en cuatro meses desde su inicio, con lo que no se puede argumentar, como lo hace el señor Gata, que existiese retraso en la aprobación del mismo”. Una tramitación similar, prosigue, tuvieron la reparcelación, la monetarización del vial sobrante y la construcción de un paso subterráneo, concluyendo su razonamiento señalando que “menos sentido tiene situar el tercer pago en enero de 2005, cuando todo el trámite se había cerrado”. Además, insistió en que se trata de actos de “órganos colegiados, como el pleno o la Junta de Gobierno, nunca actuaciones individuales”.

Falta de verosimilitud
“En definitiva”, termina el citado escrito, “se suceden distintas actuaciones a solicitud del denunciante, que son tramitadas por el Ayuntamiento, una a una, sin que existan retrasos en su tramitación, ni situaciones de paralización, ni nada que se le parezca, que rustiquen el que el denunciante haya tenido que pagar para provocar la agilización de los expedientes, pero además las fechas en las que sitúa los pretendidos pagos no dan verosimilitud a su versión”. Por todo ello, pedía el archivo de la causa, algo que fue desestimado por la titular del Juzgado nº 3 de Colmenar Viejo.

La postura de la oposición
Ante estos hechos, los tres grupos de la oposición en El Boalo (PSOE, Izquierda Unida - Alternativa Ciudadana y Soy Vecino) ofrecieron el martes una rueda de prensa de forma conjunta en la que mostraron su preocupación por esta situación. El portavoz socialista, Javier de los Nietos, anunció que pedirían la creación de una Comisión de Investigación en el pleno celebrado ayer. También indicó que el PSM se personaría como acusación particular, de modo que podrá tener acceso a toda la documentación. Por otra parte, manifestó que, “en el aspecto social y de imagen, estamos hablando de que la alcaldesa, que es la representante de la localidad, está imputada, y eso desde luego que no es lo mejor para nuestro municipio”, máxime cuando, “siempre teniendo en cuenta la presunción de inocencia, el juez ha visto indicios de criminalidad”. Finalmente, pidió la dimisión de la regidora, con lo que a su juicio se contribuiría a que este caso “no se convierta en un juicio político y en un enfrentamiento entre partidos”.

La portavoz de Soy Vecino, Carmen Bello, señaló que esta situación ha provocado un enorme clima de “desconfianza” entre los ciudadanos, además de denunciar las formas “autoritarias” y la “falta de transparencia del Equipo de Gobierno”. “¿Es este un caso aislado o sólo la punta del iceberg?”, preguntó la edil, insistiendo en la necesidad de crear una comisión de investigación, además de reiterar su necesidad de acceder a toda la información municipal.

Escena corrupta
Finalmente, desde Izquierda Unida - Alternativa Ciudadana, su portavoz, José Ángel Guerrero, aseguró que este caso “cuestiona gravemente la totalidad de la gestión municipal”, asegurando que noticias de este tipo colocan al municipio “en la escena corrupta del panorama público, convirtiéndolo desgraciadamente en un Marbella 2”. Como respuesta, señaló, su grupo solicitará la creación de una Comisión de Investigación, además de acudir a la vista para conocer de primera mano todo lo que se argumente en el Tribunal; igualmente, asegura que deberían abordarse las “circunstancias de gobernabilidad” y que IU estudiará también la posible personación como acusación.
“En el supuesto de que esto sea tan verdad como parece hoy”, dijo Guerrero, “será necesario saber hasta cuándo llega en el tiempo y hasta dónde la posible involucración en estas presuntas prácticas”. “Nuestra responsabilidad ciudadana y política nos obliga a cumplir con rigor el mandato del electorado: honestidad, transparencia y eficacia en la gestión”.