Al margen del derroche promovido en estos últimos últimos años por algunos alcaldes, también hemos de tener en cuenta el efecto pernicioso generado a las arcas municipales por la asunción de competencias impropias por parte de muchas corporaciones debido a la cercanía del administrado con la administración, es decir entre el pueblo y sus representantes locales. Aún así, cuando en nuestro país soñábamos con ser una economía fuerte y prospera y nos veíamos instalados en la ‘jauja’ alegre y confiada, nuestros ayuntamientos apenas tenían problemas para cubrir sus multimillonarios presupuestos gracias a los convenios urbanísticos, licencias de obra o a la recaudación de impuestos y tasas, de ahí que nuestros ediles no escatimasen ni un euro en la creación de servicios municipales muy costosos cuyo fin era satisfacer las demandas de los ciudadanos, porque siempre es más sencillo y más electoral acceder a mejorar la vida de los demás -con la esperanza de encontrar una vía de financiación- que decir no a sus múltiples demandas sin pararse a pensar que la crisis o desaceleración, llamémosle como queramos, estaba ya al acecho.
Algo tendrán que hacer, digo yo, si quieren salir de esta situación. Lo primero que se me antoja para reducir este caos económico es empezar por lo superfluo. Y lo superfluo, por ejemplo, es eliminar del capítulo de gastos a los cargos de confianza, empleados privilegiados dentro de la Administración, contratados ‘dedocráticamente’ y con magníficos sueldos por los propios políticos en atención exclusivamente a la previsible fidelidad a sus mentores. Y, desde mi punto de vista, a todo esto se deben añadir otras medidas no menos importantes, como lo es la congelación de salarios y dietas de los cargos públicos; la reducción de gastos corrientes y de los presupuestos de fiestas; la disminución de los gastos de publicidad y protocolo y, sobre todo, la elaboración de unos presupuestos serios y por tanto acordes con las posibilidades económicas de cada municipio. Lo contrario será pan para hoy y hambre para mañana.
Más sobre el discurso ‘chavista’ de la alcaldesa de Alpedrete
Ángel Jaro Prieto, vecino de Alpedrete, me envía una carta donde manifiesta su malestar por el hecho de que haya calificado de ‘chavista’ la intervención de la alcaldesa de Alpedrete en el pleno celebrado el pasado 26 de febrero, solicitado a petición de los grupos de la oposición para conocer con más detalle la implicación que pudiera tener el concejal de Urbanismo, Tomás Carrión Guillén, con el polémico convenio urbanístico de ‘Los Llanos Sur’, incluido en el PGOU. Ángel Jaro manifiesta en su misiva que “Marisol Casado es demócrata y que el ‘Gorila Rojo’ (Chávez) es un verdadero dictador, que nunca aceptaría la áspera crítica que usted dedica en su comentario a la alcaldesa. Es cierto que la señora Casado, como personaje público, está sujeta a críticas, pero no es menos cierto que ella también tiene derecho a defenderse”.
Señor Jaro: los improperios vertidos por la alcaldesa hacia este medio, hacia los portavoces de los grupos municipales de esa localidad y contra mi propia persona, no son de recibo en alguien que ocupa un cargo público de esa importancia. Estas pataletas no se las puede permitir la primera autoridad de un municipio como el de Alpedrete, más cuando de sus acaloradas palabras se desprendía una clara intención de ‘matar’ al mensajero de una noticia que, supongo, no le había agradado aunque estuviera perfectamente contrastada. También quiero aclararle que en ningún momento pasó por mi mente la idea de comparar a la alcaldesa con el dictador venezolano Hugo Chávez, el calificativo sólo se refería a su intervención, a su discurso impregnado de ambigüedades y medias verdades con el que esta señora pretendía desviar el objetivo del verdadero debate. Y a eso, en el argot periodístico, se le puede calificar de discurso chavista o populista. Aclarado queda.
Esperanza Aguirre considera injusta la subida del IVA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado esta semana que promoverá una campaña contra la subida del IVA, propuesta realizada por el Gobierno de Zapatero, porque “en estos momentos de crisis los autónomos y los pequeños y medianos empresarios no pueden siquiera hacer frente a sus pagos”. La presidenta regional añadió: “No se le puede exigir a nadie, y menos a un autónomo o empresario, que pague el IVA de una factura que no ha cobrado y mucho menos a aquellos a los que las administraciones les deben el doble de esa cantidad”. Señores: más claro, el agua.