Dos alcaldes, dos sentencias judiciales y dos años peleando por un único sillón

Hace ya dos años que el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares vivió la moción de censura que marcaría el desarrollo de toda esta legislatura. El 28 de enero de 2008, la concejala Carmen Martínez Torralba, del PIPH, grupo escindido del Partido Popular, dijo “no”, cuando quería decir “sí”. O al menos eso fue lo que ella y su partido explicaron hasta la saciedad después de la moción contra el entonces alcalde, José Antonio Antolínez (PP). Y como el entonces secretario municipal (hoy expedientado y fuera del Ayuntamiento) entendió que la edil había dicho “no”, fue que no.

Pero los tres grupos de la oposición, PIPH, IU y PSOE, decidieron recurrir a los tribunales para aclarar lo que entendían había sido un lapsus momentáneo de su compañera.

El juzgado 14 de lo Contencioso Administrativo lo admitió a trámite en enero del año pasado. Y el 13 de mayo el juez sustituto” sentenció a favor de los denunciantes, sin más prueba que el testimonio de la concejala de PIPH”, asegura el ex alcalde, José Antonio Antolínez. Así pues, el entonces regidor no tuvo más remedio que acatar la resolución y abandonar el codiciado sillón de Alcaldía. Pero no acabó aquí la historia, porque, como la sentencia en primera instancia no era firme, Antolínez y su grupo recurrieron.

Cambio de Gobierno
El Gobierno municipal en este Ayuntamiento era desde antes de la moción de censura más que insostenible. Una vez superadas las diferencias ideológicas, la alianza de PIPH, PSOE e IU dejaba al PP con una casi nula capacidad de decisión.

Tras la salida de Antolínez y la formación del nuevo Ejecutivo, encabezado por José Ramón Regueiras, parecía que había una tendencia a la normalización de la vida municipal, aunque ¡dentro las posibilidades de una localidad tan particular en lo político como siempre ha sido ésta.

Sin embargo, mientras el ex regidor pasaba a las filas de la oposición, la Justicia seguía su curso. Y el pasado 28 de octubre de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó sentencia respecto al recurso de apelación del grupo Popular. En este fallo, tal y como explica Antolínez, “se ratifica el acta del secretario municipal, por el que se establecía que Carmen Martínez dijo “no” a la moción de censura. En este recurso sí se admitieron otras pruebas, como la grabación del pleno, en el que el portavoz de PIPH condiciona el voto de su compañera”.

Ante esta nueva sentencia, el primer alcalde de esta legislatura, José Antonio Antolínez, ha intentado coger de nuevo el bastón de mando, pero su rival, Regueiras, se mantiene aferrado a la Alcaldía.
¿Y ahora qué?
Ante esta situación, Antolínez y el PP han recurrido de nuevo al TSJM para pedir que se ejecute la sentencia. El procedimiento judicial establece que el proceso vuelva a su juzgado de origen, por lo que es éste el encargado de hacer cumplir la sentencia. Sin embargo, el Juzgado 14 de lo Contencioso Administrativo, donde comenzó este complejo caso, responde que ha de ser la propia administración la encargada de hacer cumplir la sentencia. Algo que, en este caso particular, se presenta más bien complicado, ya que, como explica Antolínez, “el Equipo de Gobierno no va a ejecutar la sentencia contra ellos mismos”. Además, el actual Ejecutivo ha explicado a El Faro del Guadarrama otra de las respuestas ofrecidas por el Juzgado. En concreto, como explica José Ramón Mendoza (IU), “viene a decirle a Antolínez que él no es nadie para pedir que se ejecute la sentencia, ya que no es parte implicada. Y es que, en su día las partes enfrentadas eran el denunciante, PSOE, y el denunciado, el Ayuntamiento. Y ahora el Ayuntamiento somos nosotros...”.

Ante esta situación, Antolínez y el grupo popular lo tienen más que difícil para obligar a sus opositores a cumplir la ley.

Y por si no eran pocas las complicaciones que ya presentaba este serial, la última jugada del tripartito ha sido recurrir sobre la sentencia ya recurrida. “Hemos presentado ahora un recurso en el Tribunal Supremo que ha sido admitido. Esta semana hemos estado reunido con los abogados de nuestros grupos y nos han dicho que ahora sólo cabe esperar”, finalizaba José Ramón Mendoza.