Primeras discrepancias entre Gobierno y oposición

El primer rifirrafe serio de la legislatura (1999-2003) tuvo lugar durante la celebración de la sesión plenaria celebrada el 9 de noviembre de 2000, cuando Carmen Rodríguez, portavoz del grupo municipal del PP acusó al Ejecutivo presidido por el socialista José Pablo González de fraccionar los pagos a la empresa que realizó las obras del cementerio para que así el importe de los mismos no superaran los 5 millones de pesetas, eludiendo con ello los trámites administrativos legales que regulan el proceso de adjudicación en este tipo de obras. Un proceder que la edil consideró ilegal a todas luces. Rodríguez centró sus acusaciones en las obras llevadas a cabo en el camposano municipal, porque en un escrito firmado por el edil de Urbanismo, José A. Gómez Sierra, aparecen desglosados los distintos trabajos realizados por un importe total de 33.925.000 pesetas, “de los cuales y hasta el momento sólo se ha pagado una factura de casi cinco millones”. La portavoz popular añadió que “esta obra tenía que haber sido objeto de un concurso o, como mínimo, de un procedimiento negociado, al exceder su importe los 5 millones de pesetas establecidos en el artículo 210 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para poder hacer una adjudicación directa”. Finalmente y dada la falta de respuesta por parte del Ejecutivo, Carmen Rodríguez pidió por escrito al alcalde, José Pablo González, que informase a su grupo acerca de “cuál ha sido el procedimiento utilizado para la adjudicación de las obras y en qué Comisión de Gobierno se habían aprobado las correspondientes retenciones de crédito”.

El convenio de Malvaloca
Dos meses antes (29 de septiembre de 2000), el grupo municipal del Partido Popular también había mostrado su disconformidad con el convenio propuesto por el Equipo de Gobierno para adquirir la finca Malvaloca (10.500 metros cuadrados) que, posteriormente, pasaría a manos municipales a cambio de la cesión de 10.700 metros de terreno en la zona de Las Eras. El PP calificó esta operación de “innnesaria y cara (se valoró en 650 millones de pesetas), pues con ello se dilapidaba parte del suelo municipal”. Por su parte, el alcalde, José Pablo González, afirmó que el convenio era positivo porque “permitirá dotar al municipio de un teatro de más de 400 butacas en la calle Batalla de Bailén”. 11 años más tarde, el teatro sigue siendo un proyecto y esta finca está siendo utilizada por la UTE ‘Ortiz-Cover’ como almacén de materiales y maquinaria.

Servicio de limpieza urbana
En esta misma fecha se adjudicó a FCC el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria por un total de 425 millones de pesetas anuales (125 más que el anterior), incremento que el Ejecutivo justificaba “para mejorar la imagen de la ciudad”. Además del aumento de plantilla, el nuevo pliego contemplaba la adquisición de nueva maquinaria, la ampliación de este servicio a los domingos y festivos, limpiar el río cada dos meses, el baldeo de calles en época estival, la presencia de maquinaria especializada para la recogida de deposiciones caninas y las hojas en otoño, etc. Una década ha trancurrido desde entonces y en este periodo ha quedado en evidencia el incumplimiento del pliego de condiciones, lo que ha supuesto un aumento evidente de la suciedad y abandono de gran parte de las calles villalbinas. ¿Estarán planteándose una nueva subida?