CONTINÚA LA POLÉMICA POR EL PLAN GENERAL
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| El concejal de Urbanismo Tomás Carrión |
Izquierda Unida lleva a Anticorrupción el caso del concejal de Urbanismo
miércoles 22 de octubre de 2014, 11:13h
La Ejecutiva de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid acordó el pasado miércoles llevar a la Fiscalía Anticorrupción el caso del concejal de Urbanismo de Alpedrete, Tomás Carrión (PP), por su presunta implicación en unos terrenos afectados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de este municipio.
Hace unas semanas, IU de Alpedrete denunció en rueda de prensa que meses antes de que saliese a exposición pública el futuro PGOU, en verano de 2005, el actual edil de Urbanismo elaboró un contrato de opción de compra de unos terrenos en Los Llanos, cuya propiedad compartía con algunos familiares. Según explicaban, en dicho documento, Tomás Carrión -entonces militante del Partido Popular- y sus familiares vendían esta opción de compra a un importante constructor de Alpedrete por algo más de un millón de euros. En el documento se indicaba en varias ocasiones que estos terrenos estarían afectados por el futuro Plan General, unos meses antes de que saliese a exposición pública.
Los concejales de la oposición pudieron conocer esta información debido a que el contrato se encontraba junto a otros en la Secretaría del Consistorio, donde cualquier vecino podía consultar dicho expediente.
Tras estas declaraciones, la asociación vecinal Alpedrete Sostenible volvió a pedir que se retirase el Plan General, porque “no sólo carece de sentido y perjudica la calidad de vida de los ciudadanos, sino que además responde a los intereses particulares de unos pocos”.
Ahora, apenas 15 días después de que se hiciese pública esta situación, IU-CM ha decidido llevar a la Fiscalía este asunto por los “tintes turbios” que ha conllevado que se tuviese conocimiento de esta información cuando el equipo redactor todavía estaba elaborando el planeamiento.
En su momento, Tomás Carrión se defendió anunciando que denunciaría a Izquierda Unida de Alpedrete por lo declarado en rueda de prensa. Además, el Ejecutivo que preside Marisol Casado aseguró que meses antes de la exposición pública se habían mantenido reuniones con los representantes de los cuatro grupos que integraban la Corporación, además de técnicos municipales, junto a la empresa redactora del PGOU, en las que “todos los asistentes manejaban la misma información”.
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