Polémica por la orden de desahucio de las viviendas sociales en alquiler

Según explica el grupo Vecinos por Torrelodones (VxT), el Ayuntamiento constituyó esta empresa pública “con el objetivo de gestionar el parque de viviendas municipales en alquiler que construyó el Ayuntamiento frente al instituto. Pero lo que se creó para gestionar el patrimonio público de forma más ágil, ha acabado siendo un ejemplo más de ineficiencia y ausencia de formas en la relación entre los gobernantes municipales y los ciudadanos”.
“Tras olvidarse de las viviendas durante años, en un consejo de administración aprobó que se vendieran todos los inmuebles, otorgando preferencia a los actuales inquilinos, según palabras textuales del alcalde”, aseguran desde VxT.

Esperando respuestas
A la espera de que las ventas se empezaran a formalizar, los contratos de arrendamiento fueron expirando, si bien la sociedad no les aclaraba nada sobre el futuro de las viviendas. “El regidor no respondía a los requerimientos de los inquilinos. Tampoco a nosotros, que solicitamos, por escrito y en persona, afrontar con urgencia la situación de Sumtosa y conocer las intenciones respecto a las casas”, asegura este partido.

El problema ha llegado ahora, cuando los vecinos han empezado a recibir cartas del Juzgado de Villalba, comunicando el desahucio.

Según VxT, “el PP de Torrelodones no ha actuado con las formas mínimas exigibles a una administración respecto a sus ciudadanos, y más en un asunto como éste, que afecta de una forma tan importante a la vida de muchas familias, algunas de ellas en situaciones muy complicadas. Antes del vencimiento de los contratos, el alcalde debería haberse reunido con los inquilinos y les debería haber explicado claramente las decisiones tomadas respecto a las viviendas, sin incertidumbre alguna”.

Vecinos por Torrelodones ha podido incluir, tras más de dos años de retraso, un miembro en la empresa municipal, que está defendiendo que se vuelva a convocar un concurso para concederlas en alquiler, además de exigir otras formas con los inquilinos.

Familias en precario
Por su parte, desde SUMTOSA han remitido un comunicado en el que indican que los citados pisos pertenecen a “una promoción de vivienda protegida en rotación, destinada a familias en precario, que una vez concedida su ocupación mediante sorteo, disponen de la casa durante un periodo de cinco años, según consta en el contrato suscrito por ellos mismos”. Pasado este plazo, prosiguen desde esta sociedad municipal, “deben abandonar las viviendas, dando opción a otras familias en similares circunstancias, aunque los inquilinos que continúen en situación de necesidad pueden volver a participar en el nuevo sorteo”. SUMTOSA asegura que envió al menos “tres notificaciones oficiales informándoles de estos extremos: la primera seis meses antes de la finalización del contrato, la segunda un mes antes, y la última el 17 de noviembre de 2008”. Sin embargo, y ante la falta de una solución, el asunto “se puso en manos de los Juzgados de Villalba, desde donde el juez ha emitido las órdenes de desahucio”.

En este sentido, desde la sociedad señalan que la actitud de quienes se niegan a abandonar las viviendas “afecta negativamente a otras familias con idénticos derechos y necesidades similares, que no pueden ocupar las casas hasta que no sean desalojadas, siendo imposible la convocatoria de un nuevo sorteo en tanto en cuanto este hecho no se produzca”. Por último, SUMTOSA indica que, dado que se trata de personas “en situaciones muy sensibles”, “se ha actuado con la mayor flexibilidad posible, intentando causar los menores prejuicios y procurando alcanzar soluciones sin tener que recurrir a medidas legales, que finalmente se han adoptado ante la imposibilidad de resolver el conflicto por otras vías”.