(IV).-Pésima política económica y grave endeudamiento de la tesorería municipal

En el breve repaso que hacemos hoy sobre las decisiones tomadas durante estos dos últimos años por el Ejecutivo que preside González Durán en relación con la política economía de este Consistorio, nos ha sido fácil llegar a la conclusión de que el despilfarro ha estado al cabo de la calle, sobre todo en la mayoría de las actuaciones que han tenido que ver con la administración del dinero de los villalbinos. Tanto es así, que en la sesión plenaria celebrada el pasado 30 de julio, la concejala del PP Carmen Rodríguez llegó a cuantificar la deuda municipal en unos 72 millones de euros, cifra que José Antonio Gómez Sierra, responsable del área de Hacienda, se apresuró a desmentir, diciendo que “si debiéramos tanto dinero, creo que yo ya habría dimitido”. No obstante, ahí queda la cifra, por si acaso.

Subidas continuas de impuestos
En 2007 (pleno celebrado el 8 de noviembre), el Ejecutivo acordó una subida general de tasas e impuestos. Así, el IBI pasó del 0,56 al 0,62, a la vez que se reducía del 3 al 1,5 por ciento el importe de la reducción por domiciliación bancaria. Hasta ahí llegaron las ansias recaudatorias. También subían los de circulación (del 1,57 al 1,65), el de la ORA (10 por ciento) y las actividades culturales y deportivas un 15 por ciento.

Un año más tarde, noviembre de 2008, se repetía la operación: volvían a subir los impuestos municipales, pese a que el propio alcalde llegase a reconocer (pleno de 6 de noviembre) que, “debido a la coyuntura económica nacional e internacional, los vecinos se sienten más pobres”. Aún así, volvió a actualizar el IBI (el tipo impositivo pasó del 0,62 al 0,65) y al resto le aplicaron una subida del 4,3 por ciento, en función del IPC. El incremento en los servicios complementarios fue del 15 por ciento.

La última subida del IBI (25 de junio de 2009) se justificó en el hecho de que el Ministerio de Hacienda había realizado una revisión catastral y por ello, de cara al próximo ejercicio, este impuesto se vería incrementado en un 2,86 por ciento. Pese a la crisis económica, el Equipo de Gobierno volvió a echar las culpas de la subida a la hacienda pública, omitiendo que el ayuntamiento puede bajar el tipo impositivo del IBI que ahora mantienen en el 0,60, hasta el 0,40. Una forma más de engañar a sus conciudadanos.

En cuanto a los impuestos correspondientes a 2009, aprobados el pasado mes de marzo, González los presentó con estas palabras: “Son el mejor exponente del esfuerzo y rigor en el gasto público, y gracias a ello conseguiremos un superávit de 8,2 millones de euros”. También anunció que se mantendrían los programas de carácter social, que no se elevaría la presión fiscal y que se dedicarían 15 millones al capítulo de inversiones. A día de doy, ya les podemos adelantar que las cuentas volverán a ser deficitarias, porque ni el capítulo de ingresos (73,1 millones) ni el de gastos (64,6) se ajustan a la realidad. Y lo más preocupante de todo esto es que fueron presentados sin que el Ejecutivo hubiese dado cuenta de la liquidación del presupuesto correspondiente a 2008.

Deudas y Plan de Saneamiento
En la sesión plenaria celebrada el pasado 16 de julio, se dio a conocer que la deuda de la tesorería local ascendía a 28,6 millones de euros. Ante esta delicada situación, los grupos de la oposición pidieron al Ejecutivo un Plan de Saneamiento. Dos semanas más tarde (30 de julio), se convoca un pleno extraordinario y urgente donde el Equipo de Gobierno socialista presenta ‘su’ Plan de Saneamiento para los próximos 10 años, documento que entre otros asuntos contemplaba un nuevo crédito bancario, esta vez por importe de 13,5 millones de euros, “que permitirá saldar la mitad de la deuda de la tesorería municipal”. En el mismo documento también se recogía el arrendamiento de los terrenos del Caño de la Fragua (operación que está pendiente de un contencioso administrativo), con el cual el Ayuntamiento pretendía obtener 1,2 millones de euros anuales. Los grupos de la oposición criticaron con crudeza un Plan que tildaron de inútil. Salió adelante sólo con los votos del grupo municipal socialista.

Otro intento de recaudar vía decreto fue poniendo al cobro medio centenar de recibos denominados como “tasazo”, donde se requería a comerciantes y empresarios el pago por la ocupación de espacios público con fines publicitarios. La presión ciudadana obligó a la retirada de dicha tasa referida a los años 2005, 2006 y 2007, por la que, en algunos casos, varios contribuyentes fueron requeridos a pagar cantidades que oscilaban entre los 2.000 y 6.000 euros. De esta tasa nunca más se ha vuelto a saber, aunque recientemente el Ejecutivo planteó algo parecido, pero relacionada con la colocación de carteles en el interior de establecimientos y en los escaparates de los mismos. Otra barbaridad que incluso podría lesionar el derecho a la libertad de expresión, tal como denunciaron algunos grupos de la oposición.