Inseguridad y miedo escénico - Publicidad institucional

Y es precisamente en nuestra comarca donde han encontrado un filón interminable para llevar a cabo con éxito sus incursiones delictivas, sobre todo en municipios con menos de 20.000 habitantes, donde los efectivos de Policía Local y Guardia Civil son escasos y los medios técnicos y materiales puestos a disposición de estos agentes se pueden calificar de tercermundistas. La última actuación de una de estas bandas de delincuentes tuvo lugar el pasado fin de semana en Moralzarzal, donde los propietarios de dos chalés, cuando se despertaron por la mañana (al parecer fueron gaseados mientras dormían para hacer su sueño más profundo) comprobaron que muchas de sus propiedades habían desaparecido.

Por eso es lógico que los ediles serranos pidan a la Comunidad de Madrid que les ayuden a afrontar este problema y el Gobierno que preside Esperanza Aguirre, al carecer de competencias en este tema, le traslade el problema al Ejecutivo central que, al menos hasta ahora, sólo ha actuado al respecto cuando se lo ha solicitado la Generalitat de Catalunya (envió 400 agentes de la Benemérita a esta zona), tras la alarma social creada por los asaltos con violencia llevados a cabo en distintas localidades de Tarragona, Lleida y Girona. Aquí, en Madrid, pese a que la Asamblea regional, con los únicos votos del PP, aprobó una proposición no de ley por la que se solicitaba al Gobierno la adscripción a la Administración autonómica de una unidad del Cuerpo Nacional de Policía y otra de la Guardia Civil, como ya ocurre en Valencia, Galicia, Asturias y Aragón, con el fin de que estos efectivos se unieran a los agentes de la BESCAM y de la Policía Local para poder abordar el serio problema de la inseguridad ciudadana, el Gobierno de Rodríguez Zapatero sigue dando la callada por respuesta, como si los madrileños fuésemos ciudadanos de tercera o cuarta categoría. Y mientras la burocracia de estas administraciones sigue discutiendo la viabilidad de este tipo de propuestas, los vecinos apenas logran conciliar el sueño por las noches y los ladrones siguen haciendo su agosto adelantado.

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.- El segundo tema de esta semana puede oler a guerra mediática, pero dada la caprichosa peculiaridad con la que el Ayuntamiento de Collado Villalba reparte los dineros de la publicidad institucional entre los medios de comunicación locales, nos van a permitir que tiremos la piedra sin esconder la mano por una sencilla razón: nosotros estamos libres de culpa (lo mismo le ocurre al Canal 31 de TV), al no ser partícipes de ese supuesto manjar. Y lo de supuesto manjar viene a cuento porque hay que tener mucho estómago para tomar asiento en una mesa donde sin ningún tipo de escrúpulo se reparte, vía publicidad, el dinero de los contribuyentes villalbinos entre las empresas que le bailan el agua al alcalde, José Pablo González, y a su guardia pretoriana, controlada en la sombra por el edil de Urbanismo, José Antonio Gómez Sierra.

Al parecer, o al menos eso hemos podido saber, últimamente se han ido renovando los contratos y convenios, a nuestro entender de dudosa legalidad, que fueron firmados el pasado año entre el Ayuntamiento y algunos medios. Las cantidades establecidas al respecto, siempre al libre albedrío del político gobernante, aún no han sido facilitadas por el Ejecutivo socialista que preside González Durán pese a la petición hecha al respecto por Julio Henche, portavoz del grupo municipal popular, en una interpelación realizada por escrito y que por tanto consta en acta, en el pleno del pasado mes de mayo. El despilfarro que está realizado en este apartado el Consistorio villalbino choca frontalmente con la política auspiciada por sus compañeros del Partido Socialista de Madrid, que ya han anunciado que van a llevar al Gobierno de Esperanza Aguirre ante la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas por el “derroche propagandístico” que está realizando el Ejecutivo regional. Es más, el eurodiputado socialista Carlos Carrero, que, suponemos, ignora los dispendios en este apartado de su compañero José Pablo González Durán, dijo que iba a presentar una pregunta esta semana en la Comisión Europea para saber si esta institución considera admisible “destinar ingentes cantidades de dinero a la burda propaganda política partidista”. Señor Carrero, esperamos que si lo tiene a bien nos haga llegar cuál ha sido la respuesta de la Comisión Europea a su pregunta para trasladársela al alcalde villalbino, porque en esto de gastarse los dineros en publicidad es un consumado artista, sobre todo cuando se trata de alquilar plumas mercenarias o convencer a editores para que sus medios le apoyen incondicionalmente. A tal extremo llega su poder de convicción que hasta ha conseguido que un diario provincial añada a su cabecera el nombre de Collado Villalba y con ello se vea obligado a sacar su foto en primera casi todos los días como si el resto de los políticos villalbinos no existieran.