El Ayuntamiento presentó un gran despliegue de juristas en el primer juicio contra los cinco profesores del ‘CIM’

Los comparecientes en este primer juicio fueron Catalina Martínez, Chelo Rosón y Silvia Olalde que, junto con Miriam Sanz y Ramón Pavón, eran los responsables de facilitar una salida laboral a muchos jóvenes de esta localidad que no habían conseguido superar los estudios secundarios. El despido en grupo, como recordarán nuestros lectores, lo intentó justificar el Consistorio (así lo recogía también la carta de despido) en el hecho de que “todavía no se había recibido la subvención de la Comunidad Madrid correspondiente al año 2009 para desarrollar los programas de Garantía Social y por tanto este equipo docente no tenía actividad laboral”, hecho que fue calificado por los representantes del Comité de Empresa como un ‘fraude de ley’, ya que los afectados contaban con sentencias previas donde se reconoce que sus contratos tienen carácter indefinido “porque realizan tareas normales habituales y estructurales en el Ayuntamiento”.

Las protestas promovidas por los miembros del Comité de Empresa, que fueron secundadas por distintos colectivos profesionales para mostrar su descontento por la forma de actuar del Ayuntamiento en este asunto, provocaron el enfado del alcalde, José Pablo González (PSOE), quien consideró que las protestas eran contra él, de ahí que cambiase rápidamente el discurso, pasando de mostrar sus buenas intenciones de reincorporar a los despedidos en cuanto llegase la subvención de la Comunidad de Madrid a una guerra donde el objetivo pasaba por evitar la readmisión de los profesores.

Despliegue jurídico
Y a esta conclusión llegaron el pasado martes los despedidos y sus acompañantes cuando esperaban en los pasillos del Juzgado de lo Social el inicio del juicio y comprobaron que el Ayuntamiento estaba representado por al menos cuatro letrados: el asesor municipal, dos vinculados al gabinete de Ledesma que se encarga de los temas judiciales de este Consistorio y un cuarto que, según manifestó a la sala, era el autor de informe pericial y que tras identificarse pudimos saber que se trataba de Luis Enrique de la Villa Gil, Rector de la Universidad a Distancia (UDIMA) y catedrático Emérito del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, uno de los juristas más prestigiosos de nuestro país en temas laborales. Uno de los abogados presentes dijo que las minutas de De la Villa “no suelen bajar de los 25.000 euros”, es decir, más de lo que gana al año cualquiera de los profesores que habían promovido el pleito.

Tras las declaraciones de los demandantes, de los testigos presentados por las partes y las intervenciones de los letrados, el juicio quedó listo para sentencia.

A la salida de la sala, un vecino de Collado Villalba se preguntaba: “¿De dónde puede sacar dinero el alcalde para contratar tanto abogado si todos sabemos que no hay ni un euro para pagar a los proveedores? También me gustaría saber a cuánto ascienden los gastos judiciales soportados por las arcas municipales en estos 10 años de mandato de José Pablo, pleitos que mayoritariamente son consecuencia de una política de personal sectaria que pagamos todos aunque su objetivo sea liquidar a aquellos que no comulgan con sus ideas. Me avergüenzo de tener un alcalde tan despilfarrador”.
“Venganza”
Tampoco se mordieron la lengua a la hora de dar su versión sobre estos despidos algunos representantes sindicales que habían acudido a presenciar el juicio: “El alcalde, enviando tantos abogados, lo único que pretende es amedrantarnos y demostrarnos su poder, pero no lo va a conseguir. El despido de nuestros compañeros es consecuencia de una venganza en respuesta a la decisión tomada por las secciones sindicales de Comisiones Obreras y CGT de destituir a José Luis Lagar, presidente hasta entonces del Comité de Empresa, porque no defendía los intereses de los trabajadores y sí los del Ejecutivo”, manifestaron estas fuentes.
“Fíjense hasta donde llegaba la mala intención, que para que no continuasen ni un día más en la plantilla municipal, y pese a la caótica tesorería municipal, les entregaron con la carta de despido y finiquito 11.500 euros de indemnización a cada uno de ellos (cantidad a devolver en caso de tener que reintegrarse a su puesto) y 2.000 euros más por no respetar el preaviso de despido”.

Tras el fiasco sufrido por el Ejecutivo villalbino y más concretamente por el regidor, José Pablo González, cuando se vio obligado a readmitir al oficial de Policía, al parecer ahora están dispuestos a jugarse el todo por el todo en los tribunales para que los despedidos no vuelvan a formar parte de la plantilla municipal, algo que desdice las promesas realizadas por el regidor villalbino de que en cuanto la Comunidad enviara fondos para estos cursos “serán readmitidos”, afirmación corroborada posteriormente por el responsable del área de Desarrollo Local, José Luis Cercas, que el 20 de enero manifestó a este periódico: “En dos meses recibiremos la subvención y se readmitirá a estos trabajadores”. Han pasado cuatro meses y aquí lo único que se vislumbra a corto plazo es un largo pleito judicial.

Punto de vista
Los gastos judiciales de una política de personal compleja

La primera vista oral celebrada en los Juzgados de lo Social de Madrid, como consecuencia del despido por parte del Ayuntamiento de los cinco profesores de Garantía Social (los CIMCO), nos ha permitido comprobar el interés del Ejecutivo villalbino por evitar la readmisión de estos trabajadores. Prueba de ello fue el insólito despliegue de juristas que acudieron a la sala en representación del Consistorio local, entre ellos Luis Enrique de la Villa Gil, rector de la UDIMA y uno de los abogados laboralistas más prestigiosos de nuestro país, cuyas minutas no están al alcance de cualquier bolsillo. El alcalde ha querido dejar claro que no va a escatimar ni un euro a la hora de intentar conseguir un fallo favorable a ‘sus’ propios intereses que, sólo en contadas ocasiones suelen coincidir con los de sus vecinos o con su ‘presunta’ ideología política que en estos momentos de crisis defiende la estabilidad en el empleo, mientras él lo destruye. González, una vez más, se vuelve a olvidar que el pueblo no es suyo, que él es un empleado a sueldo (¡menudo sueldo!) de los villalbinos. Pero me temo que mientras él siga convencido que es el ‘amo del cortijo’ aquí corremos el riesgo de hipotecarnos hasta el cuello, porque al margen del despilfarro generado por una pésima gestión llena de despropósitos (obras faraónicas incluidas), la caprichosa política de personal realizada por este Ayuntamiento empieza a ser muy preocupante, sobre todo en el capítulo relacionado con los costes judiciales. Ejemplo: el precio pagado por el despido improcedente del Jefe de Policía.