El Plan ‘E’ y las obritas para amigos

Al respecto, un colega me decía esta misma semana: “Lo lógico era que tamaña inversión supusiera una bocanada de aire fresco a los ayuntamientos, a los parados y a las empresas constructoras más afectadas por la crisis inmobiliaria. Pero a tenor de cómo se ha venido desarrollando el asunto, lo único cierto a día de hoy es que al menos no va a destruir empleo”. Algo es algo, digo yo.

Pero al margen de este frío pronunciamiento, lo que a muchos ya nos ha quedado bastante claro es la utilización de este Fondo Estatal por parte de algunos consistorios para echar una manita a sus amigos constructores, bien adjudicándoles algunas de estas obras por procedimiento negociado sin publicidad, lo que viene a ser algo así como dárselas a dedo, aunque para disimular hayan montado absurdos numeritos circenses para evitar que se les viera el plumero. Pero hay más, incluso en las obras que, por imperativo legal, tuvieron que salir a concurso, las complejas baremaciones establecidas por los servicios técnicos de cada Ayuntamiento han facilitado la adjudicación de las mismas a las constructoras más afines. Y en este aspecto, ¡faltaría más!, el Ayuntamiento de Collado Villalba se ha vuelto a llevar el gato al agua tras adjudicar a tres constructoras muy cercanas al aparato josepablista al menos cinco obras del Plan ‘E’, empresas que curiosamente son las mismas que han venido realizando la mayoría de las obras municipales acometidas durante los últimos seis años en este municipio.

Según el PP de Cercedilla, el alcalde Eugenio Romero Arribas (PSOE), ha decidido prorrogar el presupuesto municipal aprobado en 2005 durante el tiempo que resta de legislatura, es decir hasta 2012. Romero gobierna este Consistorio con una preocupante inferioridad numérica (cuenta con sólo cinco de los 13 concejales que forman la Corporación municipal), consecuencia del enfrentamiento existente entre los grupos de la oposición. Aún así, el regidor parrao, un político desconfiado y poco dialogante incluso con sus propios compañeros de partido, se atreve a tomar este tipo de decisiones al estar convencido de que con la prórroga del viejo presupuesto evitará el debate plenario y sobre todo dar explicaciones, muchas veces incómodas al resto de la corporación. Debo decir que me parece incomprensible que Eugenio Romero, un alcalde que presume de progresista, sea incapaz de darse cuenta del daño que le está haciendo a su pueblo con esta actitud tan egoísta, actitud que sólo puede sustentar en su indisimulado afán de continuar ocupando la poltrona municipal, un cargo que durante bastante tiempo ha manejado a su antojo. Como ejemplo, ahí está la polémica licencia concedida por él para la construcción de un hotel de lujo en suelo no urbanizable y de especial protección en la zona de la Fuenfría, actualmente paralizada por los tribunales de justicia, o la reciente adjudicación de las obras del Fondo Estatal de Inversiones a empresas multinacionales en perjuicio de las locales o sus continuas salidas de tono en los plenos para intimidar al resto de sus compañeros de Corporación, al margen de otros errores mayúsculos que ahora no vienen a cuento. Y aún así, mucho me temo que Eugenio Romero no tiene interés alguno en rectificar un ápice y se mantendrá firme en su absurda postura de prorrogar sine die los presupuestos municipales al ser consciente que sólo podrá seguir medrando en una Cercedilla anclada en la atonía política y sin ambiciones de progreso.
“La voracidad esquizofrénica mostrada por Hacienda en estos últimos meses -decía un pequeño comerciante serrano- se está convirtiendo en una carga de profundidad para nuestra ya de por sí deteriorada economía. Los funcionarios de la Delegación de El Escorial están desbordados de trabajo; los expedientes sancionadores han aumentado considerablemente; la avalancha de inspecciones no tiene precedentes y todo ello con un único fin: sanear las deprimidas arcas del Estado”, comentario que coincide con otros pronunciamientos, entre ellos el realizado por los dirigentes de una asociación de comerciantes de Collado Villalba, quienes confiesan haber contabilizado durante el primer trimestre de este año decenas de cartas enviadas por el fisco a pymes locales, en las que se les requería para que aportasen documentos, algunos bastante antiguos, o se les notificaba directamente la imposición de sanciones económicas. Y lo curioso es todo esto se lleva a cabo bajo el manto del interés social, porque, como ustedes saben, Hacienda somos todos.