El despido de cinco trabajadores provoca indignación en el Comité de Empresa

“Venganza”. Así califican muchos de los trabajadores del Ayuntamiento de Collado Villalba la decisión del área de Personal de despedir a cinco empleados, porque se da la circunstancia de que hace una semana las secciones sindicales de Comisiones Obreras y CGT destituyeron al presidente del Comité de Empresa, José Luis Lagar (UGT),“por no defender los intereses de los trabajadores y sí los del Ejecutivo”. De hecho, uno de los ahora despedidos, Ramón Pavón (CGT), pasó a ostentar el cargo de vicepresidente en el citado órgano.

Los empleados municipales afectados por este despido tenían contratos indefinidos y venían realizando trabajos docentes en los talleres de Garantía Social. En la carta de despido, el Ejecutivo alegaba que como todavía no se había recibido la subvención de la Comunidad de Madrid para desarrollar de estos programas de empleo correspondientes a 2009, “el quipo docente no tiene actividad laboral” y el Ayuntamiento “no cuenta con consignación presupuestaria” para el desarrollo de estas actividades.

Una argumentación rebatida por los trabajadores, ya que todos ellos disponen de sentencias, a las que ha tenido acceso El Faro del Guadarrama, en las que el magistrado dictaminaba que estos realizaban “actividades normales, habituales y estructurales dentro del Ayuntamiento”.

Ramón Pavón asegura que con esta acción “quieren buscarme las cosquillas, porque ellos conocen la sentencia en la que un juez dice que desempeño actividades habituales” y asegura que esta medida es una “advertencia” al resto de trabajadores, “porque saben que en seis meses seré el presidente del Comité de Empresa”. Pavón, dice que esto solo puede significar “una venganza, porque con la destitución de Lagar ahora no controlan el Comité, y yo no dependo de ninguna subvención al igual que el resto de las despedidas”.

Otra de las cuestiones que llaman la atención de la carta de despido firmada por la concejala de Personal, Belén Sánchez, es que se alega falta de crédito presupuestario, “aunque, además del finiquito que nos corresponde por ley (en este caso, más de 5.000 euros) nos indemnizan con cerca de 11.500 euros a cada uno”, lo que supone unos 57.500 euros, cantidades reintegrables si se recibiese dicha subvención ya que se volvería a contratar al mismo personal, según indica la misiva. También les indemnizan con más de 2.000 euros por no haberles notificado el despido con 30 días de antelación.

El afectado también denuncia queel hecho de que no se les haya reubicado en otros puestos de la misma Concejalía “algo que sí ha pasado con anterioridad, cuando no se han recibido ciertas subvenciones, pero a otros empleados sí se les ha dado trabajo”. Una de las cuestiones que más polémica ha provocado es que se prescinda de estas personas y no del personal de confianza y asesores con los que cuenta el Equipo de Gobierno, y en este sentido las voces más críticas apuntan que disfrutan todos los meses de altas nóminas y su labor es prescindible en momentos de austeridad presupuestaria como los que vivimos actualmente.

La presidenta del Comité de Empresa, Mª Jesús Grande (CC OO), también ha considerado esta medida como “una venganza del Gobierno local, porque ahora tienen un Comité que no manejan”, y consideró que es “un primer toque de atención”. Ya se han convocado sendas asambleas por parte de los sindicatos para abordar esta polémica, pero antes hemos asistido a algunas protestas por parte de los trabajadores; primero en la celebración de la Luminaria de San Sebastián y ayer a las puertas del Consistorio, denunciaron esta situación apoyados por algunos de sus compañeros.

Sin embargo, la reacción del Ejecutivo ha sido la de convocar una rueda de prensa en la que mostraron su “rechazo” por el hecho de que todavía no se hayan tramitado esos fondos (150.000 euros). José Luis Cercas, edil de Desarrollo Local, aseguró que en dos meses recibirán la subvención y se readmitirá a estos trabajadores, de lo que se desprende que el Gobierno local no ha tenido en cuenta la sentencia con la que cuentan los despedidos, en la que se reconoce que realizan labores habituales y no dependen de ninguna subvención.