UPyD quiere asentarse en la Sierra

El primer paso de acercamiento se dio el pasado 19 de diciembre en Colmenarejo (UPyD ya tiene aquí constituida su propia agrupación local), donde afiliados y simpatizantes tanto de esta localidad como de otros municipios, entre ellos Galapagar, Valdemorillo, Guadarrama, Moralzarzal y Collado Villalba, celebraron una cena navideña. Y es que los datos que maneja el partido liderado por Rosa Díez son bastante esperanzadores de cara a su futura implantación en esta comarca. No hemos de olvidar que en las últimas elecciones generales Unión Progreso y Democracia consiguió en la mayoría de los municipios serranos erigirse en la tercera fuerza política, tras PP y PSOE.

De UPyD, que en las últimas encuestas de opinión publicadas en algunos medios nacionales aparece como una de las fuerzas políticas nacionales más valoradas por los españoles, se puede decir que es un partido en continuo crecimiento (cuenta ya con más de 10.000 afiliados), nacido desde la sociedad civil (salvo Rosa Díez, no hay ningún político profesional en los órganos de dirección) y sin apoyo financiero. Su objetivo es regenerar la democracia “para devolver a los ciudadanos el control de la política”, y aboga por cambiar algunas leyes, entre ellas la Ley Electoral, “para que el voto de los ciudadanos valga igual en todos los lugares de España; para que la ley limite los mandatos de los cargos públicos; y para que los ciudadanos puedan elegir directamente a sus representantes, empezando por los alcaldes”.

Ramón Marcos Alló, coordinador territorial de Madrid, quiso desmarcarse de otras formaciones políticas tradicionales, acusándolas de “estar únicamente interesadas en crear redes clientelares, más que en hacer un política que persiga la igualdad de todos los españoles. Lo que nosotros pretendemos decir a la gente es que se puede ser diferente, que no es obligatorio ser de izquierdas o de derechas, que se puede pensar libremente”.

Unión Progreso y Democracia parece tener claro su inminente aterrizaje en la Sierra del Guadarrama, lo que sin duda servirá para enriquecer la pluralidad ideológica de los partidos políticos en esta zona, aunque es posible también que esta noticia no sea bien recibida por muchos de los actuales ediles locales.

Los temas de urbanismo en Colmenarejo siguen generando mucha polémica. Tras la condena unánime al PGOU (fue retirado por el tripartito que preside Isabel Peces Barba), ahora el protagonismo en este municipio se centra en conocer qué ha sido de las viviendas de protección oficial ofrecidas por sus actuales gobernantes. Al respecto, el concejal socialista Benito Elvira, responsable del área de Vivienda, Infraestructuras y Desarrollo Local del Ayuntamiento, en una reunión mantenida el pasado 27 de diciembre con los interesados en la Sala Multiusos, contestó en los siguientes términos a la pregunta realizada por uno de los vecinos que quería saber en que estado se encontraba el proyecto de construcción de las 100 viviendas de protección en régimen de arrendamiento para jóvenes con opción a compra: “Ha sido un timo que está en la papelera; una manipulación electoral que perjudicó a los vecinos que se apuntaron sin saber que el Ayuntamiento no tenía siquiera terrenos para construirlas”. Lo curioso del asunto es que Benito Elvira, en su condición de portavoz del PSOE, comparte actualmente las responsabilidades de gobierno con APIC, partido que al que le ha atribuido la comisión de esta falsa promesa.

Bajo el título Torrelodones, prueba para esperanza Aguirre, el pasado 4 de enero El Mundo publicó un artículo de Santiago Fernández Muñoz y José Templado, miembros del colectivo Vecinos por Torrelodones, relacionado con el proyecto auspiciado por el Ayuntamiento de esta localidad de urbanizar más de un centenar de hectáreas pertenecientes al Área Homogénea Norte. Sobre este polémico tema sus autores dicen: “La respuesta que la consejería de Medio Ambiente dé al proyecto de reclasificar y urbanizar las 128 hectáreas del Área Homogénea Norte (AHN) de Torrelodones pondrá a prueba la credibilidad y coherencia de la política urbanística del Gobierno de Esperanza Aguirre y su capacidad de respuesta a las presiones de los grupos de intereses locales...” También anuncian que “el informe que la Consejería debe emitir es clave para el futuro de la zona. El problema es que las decisiones autonómicas sobre los planes urbanísticos están sujetas a un alto grado de discrecionalidad al no existir documentos de planificación regional que fijen los límites o al menos orienten, las propuestas de cada municipio...”
La ‘patata caliente’queda ahora en manos de la Consejería de Medio Ambiente, aunque no creo que se pronuncie a corto plazo.