La autonomía de los ayuntamientos

De grave hay que calificar el estado en el que se encuentran las arcas de los ayuntamientos. Se ha despilfarrado el dinero y sin embargo ahora ninguno de los ediles que han llevado a la ruina a los consistorios, parecen dispuestos a asumir ningún tipo de responsabilidad. Tampoco quieren saber nada de la enajenación del patrimonio municipal, malvendido muchas veces a las propias constructoras amigas (sobre todo el aprovechamiento medio). Y lo más grave es que en esos años de bonanza económica, donde el dinero entraba a espuertas en las haciendas locales, se fue dilapidando a manos llenas: sueldos millonarios, contratación de asesores amigos, obras absurdas, gastos innecesarios, etc. Sobre la autonomía de la administración local y de sus regidores, escribía José Luis Barbería el pasado domingo un artículo en El País, en el que, entre otras cosas, decía: “La autonomía municipal ha eliminado en la práctica toda tutela del resto de las administraciones, de forma que el único control sobre los ayuntamientos es la aplicación de la pura legalidad, lo que significa adentrarse en la vía judicial, extraordinariamente lenta y, por lo tanto, escasamente operativa. La actividad inmobiliaria es una fuente principal de ingresos para buena parte de los 8.000 ayuntamientos españoles. En ese contexto, las presiones empresariales, alta disfuncionalidad y difusa rendición de cuentas, la tentación es grande porque basta un papel, un permiso, una recalificación, la omisión de un trámite, una modificación mínima en el planeamiento para que surja petróleo en terreno baldío y para que el munícipe corrupto no tenga que preocuparse más por su futuro económico...”.