Continúa el ‘misterio’ Amparo Cuevas. La alcaldesa de Colmenarejo y Elena Rodríguez.- Otra promotora que se va de ‘rositas’ de Villalba

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Lorenzo de El Escorial, en un auto de fecha 13 de noviembre (noticia que recogió nuestro periódico la pasada semana) decretó el sobreseimiento libre de las actuaciones realizadas y el archivo de la causa seguida contra Luz Amparo Cuevas. Este litigio tiene su origen en la querella formulada el pasado mes de mayo por la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones de El Escorial, que preside Juan Carlos Bueno, contra la vidente escurialense por un presunto delito de estafa, coacciones y detención ilegal, que incluía como responsables civiles a las fundaciones y asociaciones relacionadas con la querellada.

El boom de las supuestas apariciones comenzó el 14 de junio de 1981 cuando Luz Amparo Cuevas, persona sencilla y humilde, casada y madre de siete hijos, manifestó que se le había aparecido la Virgen encima de un fresno de la finca Prado Nuevo (El Escorial). Desde entonces, todos los primeros sábados de mes, cientos y cientos de virginianos se dan cita en la Villa con la esperanza de ver u oir a la Virgen, privilegio que hasta ahora sólo parece corresponderle a la vidente, en cuyo entorno se ha creado un entramado formado por seis fundaciones cuyo patrimonio está valorado en unos 300 millones de euros (50.000 millones de las antiguas pesetas) correspondientes a 130 propiedades (18 chalets, 30 pisos y 82 fincas).

Con todos estos antecedentes uno tiene la sensación de que la polémica y el misterio que rodea a Amparo Cuevas no finalizará con el sobreseimiento dictado por la juez de San Lorenzo de El Escorial, María Lourdes Platero, como tampoco sucedió con las dos sentencias anteriores donde se le imputaron los mismos delitos. Y lo digo basado en que el fanatismo religioso es un fenómeno que suele atacar no sólo el ámbito privado, sino también a lo público, infestando a su entorno como si de un cáncer se tratara. En el caso de las apariciones de Prado Nuevo se puede decir que el componente sectario y fanático que rodea este entramado pseudorreligioso difícilmente va a ser frenado por una sentencia judicial. Posiblemente sólo las autoridades eclesiásticas podrían poner fin al asunto, pero 27 años después siguen calladas.

LA ALCALDESA DE COLMENAREJO, EL PGOU Y LA EDIL ELENA RODRÍGUEZ.-No sé que tendrán los planeamientos urbanísticos, pero lo que si tengo claro es que son capaces de mover cualquier tipo de voluntades. La alcaldesa de Colmenarejo, María Isabel Peces-Barba Martínez, y sus compañeros del Gobierno tripartito se vieron obligados la semana pasada a retirar momentáneamente el Avance del PGOU ante las críticas vertidas contra la redacción de este documento por parte de la Plataforma Salvemos Colmenarejo, Proyecto Verde, Foro Vecinal, PP, la edil del grupo de no adscritos, Elena Rodríguez, y UPyD, así como otros colectivos. El Ejecutivo, en minoría desde que Elena Rodríguez decidió renunciar a seguir en APIC, primero intentó negociar la defensa del PGOU con la edil escindida y posteriormente lo hizo con VICO, negociaciones que no sólo fracasaron, sino que incluso pudieron provocar una moción de censura por parte de la oposición.

Pero estaba claro que María Isabel Peces-Barba no estaba dispuesta a claudicar en su intento de sacar adelante el nuevo planeamiento, y así, el pasado martes se reunió a comer con la edil escindida de APIC, Elena Rodríguez, en un restaurante de Galapagar, donde es fácil entender que durante las más de dos horas que duró la sobremesa hablarían de este tema. El resultado de la negociación lo conoceremos muy pronto.

LARCOVI, EL ALCALDE DE VILLLABA Y LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN.- Los adjudicatarios de las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler y alquiler con opción a compra promovidas por Larcovi en la calle Iluminaria de Collado Villalba han tenido que aceptar las condiciones leoninas impuestas por esta promotora para poder acceder a sus pisos, condiciones que pasan por un incremento desmesurado de los precios de alquiler tras aplicarles la subida del módulo aprobado este año por la Comunidad de Madrid; la presentación de un aval bancario de 3.000 euros; la imposición de una segunda plaza de garaje, etc. El paripé estaba montado desde hace tiempo, aunque el alcalde villalbino, José Pablo González, recurriese a su habitual numerito para así evitar que se le cayeran los palos de su sombrajo, puesto que después de invitar a los afectados a no firmar los contratos de alquiler que les había presentado Larcovi “porque esta empresa intentaba cobrar algo a lo que no tenía derecho” (20 de octubre de 2008), anunció que el Ayuntamiento presentaría una querella contra esta promotora. Después vendría la decepción, por aquello de donde dije digo, digo Diego, algo bastante habitual en el proceder de González: “Acepten las condiciones y firmen los contratos para no poner en peligro sus derechos y nosotros interpondremos un contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid por haber aceptado esas condiciones”. En fin, la historia se repite y con ello otra promotora amiga, gracias a la bondad de José Pablo González, se va a ir de rositas de esta ciudad.