Nuevos problemas policiales en Colmenarejo. El susto de la tarta de ‘cannabis’ - Los mandatos de los alcaldes

La noticia sobre la suspensión de empleo y sueldo de tres agentes de la Policía Local de Colmenarejo apenas ha sorprendido a los vecinos de este municipio, espectadores de excepción del largo conflicto que han venido manteniendo la mayoría de los componentes de la plantilla de la Policía y el Ejecutivo presidido por Isabel Peces-Barba. Cierto es que en esta ocasión de las amenazas se han pasado a los hechos y así, según hemos podido saber, efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid, tras minuciosas investigaciones, parecen contar con las pruebas suficientes para imputar a los expedientados la comisión de los presuntos delitos de amenazas a dos superiores y a sus familias, y de los daños causados tanto a los vehículos de estos como en las fachadas de sus viviendas. La acusación fue trasladada a los responsables del tripartito que, ante la gravedad de los hechos, procedieron a suspender de empleo y sueldo a dichos agentes, retirándoles las armas reglamentarias. Hasta aquí la noticia que ya es de dominio público, aunque el Ayuntamiento aún no la haya confirmado.

Al parecer los hechos podrían tener relación con las reivindicaciones llevadas a cabo durante este último año y medio por los agentes de la Policía Local de este municipio, que solicitaban, entre otras cosas, una mejora del servicio y de sus condiciones de trabajo. Tras la concentración realizada por los agentes en mayo de 2007 ante la casa consistorial y la posterior apertura de expedientes disciplinarios por parte del Ejecutivo se empezaron a producir extraños incidentes e incluso durante varios días la localidad se quedó sin ningún policía de servicio al encontrarse la mayoría de ellos de baja por enfermedad. Posteriormente, la casa y el vehículo de la funcionaria que instruía los expedientes abiertos por el Ayuntamiento aparecieron con pintadas amenazantes de las que tampoco se librarían las propias dependencias de la Policía Local y algunos edificios públicos.

Con la llegada de un nuevo sargento, la plantilla se fue dando de alta y todo parecía volver a la normalidad. Incluso en el pleno celebrado el pasado 29 de mayo, se anunció la reanudación del servicio de patrullas nocturnas, pero lamentablemente todo fue un espejismo porque al parecer el acuerdo al que habían llegado los representantes de los agentes municipales y el Ejecutivo se volvió a romper sin que a día se hoy se hayan abierto nuevos cauces de diálogo..

Posiblemente los seis estudiantes universitarios residentes en Villanueva de la Cañada que el pasado lunes fueron atendidos en el Centro de Salud de esta localidad por una intoxicación de estupefacientes, tras haber consumido un pastel de hachís, habrán llegado a la conclusión de que a partir de ahora los experimentos será mejor hacerlos con ‘casera’, porque el susto aún lo deben tener en el cuerpo. Una llamada realizada a las cuatro de la madrugada al 112 alertaba de la existencia de un problema en un chalet de Boadilla. La Guardia Civil acudió al mismo y se encontró a los jóvenes en bastante mal estado, de ahí que procedieran a su traslado al servicio de urgencias. El Instituto Nacional de Toxicología, a donde fueron enviadas las muestras del pastel que había provocado la intoxicación, confirmaron la presencia de cannabis en el mismo. Analizando los hechos tengo la sensación de que algunos jóvenes ya no se conforman siquiera con fumarse un ‘canuto’. Quieren hartarse.

Muchos ciudadanos se muestran preocupados al ver cómo algunos alcaldes parecen dispuestos a envejecer en el cargo. La buena remuneración económica y las prebendas que genera este puesto son lo suficientemente estimulantes como para intentar perpetuarse en el cargo, sobre todo en un país metido de lleno en una profunda recesión económica y que, según los datos del INEM, en el mes de octubre contaba con una tasa de paro que superaba el 11 por ciento.

Sobre este tema, algunos conocidos comentaristas, entre ellos el escritor y colaborador del Real Instituto Elcano, William Chislett (El Imparcial), abogan por reducir los mandatos a sólo ocho años: “No es que con dos mandatos vaya a desaparecer la corrupción de la noche a la mañana, pero la medida actúa tal vez como un freno al abuso de poder y a la tentación de hacerse rico en el cargo, aunque los más cínicos crean que con dos mandatos (ocho años) habrá un fuerte incentivo de enriquecerse lo más rápido posible... Ser alcalde en España está convirtiéndose en la vía más fácil de ser millonario. No tengo las cifras, pero a juzgar por las noticias en la prensa, parecen que son muchos los municipios con casos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, falsedad cometida por funcionario público, etc.”.

Discrepo con el pronunciamiento de William Chislett porque estoy plenamente convencido de que un político corrupto no necesita seis u ocho años para llevarselo crudo. Con uno le sobra.