Los alcaldes y sus competencias sobre la Policía Local. Las investigaciones de la Cámara de Cuentas - Discrepancias sobre el PORN

El pasado 16 de octubre, el Ejecutivo regional que preside Esperanza Aguirre dejó perfectamente definido el anteproyecto de Ley de la Policía Local que, en breve, será remitido a la Asamblea de Madrid para su debate y aprobación. Este proyecto permitirá regular las Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM) a través de una Unidad de Inspección a fin de evitar que se sigan incumpliendo los convenios firmados entre Comunidad y ayuntamientos sobre el cometido de estos agentes que sólo podrán dedicarse a tareas de seguridad . En cuanto al resto de las policías locales de los diferentes municipios de nuestra región, el texto prevé una homogeneización de los medios y los criterios de actuación, además de impulsar la Academia de Policía, donde se realizarán los exámenes o pruebas de capacitación a los aspirantes a policías. Sólo los que superen éstas pasarán a realizar las habituales en los municipios donde han solicitado trabajar. Con ello, la Comunidad de Madrid es quien realizará el primer filtro de acceso a los futuros candidatos.

Pero aún hay más novedades al respecto, entre ellas la posibilidad de que los ayuntamientos se mancomunen si no cuentan con suficientes efectivos por separado, permitiendo actuar a los policías de un municipio en otro siempre que se produzcan supuestos especiales que requieran un esfuerzo en seguridad.

Y para que las cosas queden claras en cuanto a quién va a tener a partir de ahora las máximas competencias sobre estos dos cuerpos policiales, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, dijo: “La coordinación de los cuerpos de policía le corresponderá a la Comunidad de Madrid, así como todo lo referido a la homogeneización de la formación de los agentes”, palabras que fueron contestadas de inmediato por Pedro Castro, alcalde de Getafe y presidente de la Federación de Municipios y Provincias, en los siguientes términos: “Es intolerable que exista un Proyecto de Ley que quita a los alcaldes las competencias sobre la Policía Local y que estos se enteren de ello a través de los medios de comunicación”.

Esta pérdida de competencias me hace recordar una intervención de Alfredo Prada, por entonces consejero de Justicia, en una rueda de prensa celebrada en Collado Villalba en su condición de presidente en funciones del Partido Popular de esta localidad, en la que denunció que tenía conocimiento de que los agentes de la BESCAM de este municipio realizaban tareas que nada tenían que ver con la seguridad ciudadana. La respuesta del regidor socialista José Pablo González fue fulminante: “En la Policía Local de Villalba mando yo”. Será hasta que se apruebe este Proyecto de Ley. Digo.

Y siguiendo en esta localidad, hemos de decir que nos ha sorprendido bastante la noticia aparecida en los medios de comunicación de la capital relacionada con la investigación que la Cámara de Cuentas está llevando a cabo sobre los presupuestos de algunos ayuntamientos madrileños, entre los que se encuentra el de Collado Villalba. Al parecer, este organismo fiscalizador ha detectado algunas anomalías y desajustes en las partidas de publicidad y propaganda correspondientes a los ejercicios 2003-2005 de este Consistorio, hecho que podría vulnerar el artículo 67 del Real Decreto 2/2000 por el que se aprobó refundido el texto de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La Cámara de Cuentas, en un amplio informe, dice que este Ayuntamiento gastó en publicidad y propaganda durante ese periodo la cantidad de 1.064.142 euros, puntualizando que habría al menos 80.556 euros de la misma naturaleza que no se han imputado a este concepto. Además, este organismo aclara que “habría justificantes de gastos referidos al mismo concepto y acreedor que supondría una suma superior a lo que establece la ley”.

Las irregularidades están ahí y por eso no estaría mal que el Ejecutivo villalbino explicase qué empresas se han beneficiado de estos dineros y qué cantidades han venido percibiendo.

La propuesta realizada por el Ejecutivo regional para concretar el futuro Parque Nacional a través del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra del Guadarrama (noticia que les facilitábamos el pasado viernes), donde se establecen 76.650 hectáreas de superficie con protección, ha sido contestada de inmediato por Ecologistas en Acción que calificaron la misma de “escasa, decepcionante y engañosa”, al dejar dos de los parajes de gran valor natural y biodiversidad (el alto del valle del río Lozoya y el del río Manzanares) fuera del futuro Parque. Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Medido Ambiente de la Comunidad de Madrid, Reyes Montiel, advirtió que el PORN actual rebaja los niveles de protección en relación al aprobado anteriormente (el que incluía a Castilla y León) y por tanto su grupo presentará alegaciones. El debate está servido.