Las operaciones urbanísticas vuelven a desatar la polémica en Valdemorillo

¿Transparencia o intereses ocultos? ¿Legalidad o “chanchullos con olor a pufo”? ¿Incorporación al Ejecutivo local o transfuguismo? La polémica en Valdemorillo está servida tras la reciente aprobación de varios convenios urbanísticos en los que el edil del área, Jesús Sabugo -el mismo que con su apoyo permitió la moción de censura que dio el poder a Pilar López Partida-, se abstuvo o votó en contra, algo que al PSOE le parece “inaudito”. También el nuevo Partido Independiente de Valdemorillo, que se presentará a las próximas elecciones dentro de un año, con la concejala Carmen Villanueva a la cabeza, denuncia que el Partido Popular intenta sacar un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) encubierto. El presidente de esta nueva formación, Alfonso Redondo, ha señalado que estos hechos posiblemente provocarán que la alcaldesa aparte a Sabugo del Equipo de Gobierno, “o al menos de la Concejalía de Urbanismo”. De hecho, este edil se desmarcó aún más de la regidora y sus planes, al leer en el pleno una carta en la que aseguraba que estos “convenios son perjudiciales para el pueblo”. Según explica Redondo, “esta prisa por sacar adelante los convenios urbanísticos se debe a la necesidad de dinero que tiene la alcaldesa de cara a las elecciones. Falta menos de un año para la campaña electoral y aún no ha hecho nada para demostrar su gestión a los vecinos. El Ayuntamiento no tiene fondos para inversiones y los que mejor pueden proporcionarlos son los dos principales constructores que trabajan en este pueblo. Así, la alcaldesa podrá financiar algo a las urbanizaciones y vender que se han hecho dos colegios”.

El mayor propietario de suelo
Afar-4, explica la concejala de la oposición, Carmen Villanueva, “es el mayor propietario de suelo de este municipio. Ahora, los convenios que no vienen firmados por esta empresa están a nombre de Valinver S.L”. En esta sociedad, añade, figura como administrador único Juan Carlos Bustamante, que es también administrador de otra sociedad mercantil, denominada Catedral de Negocios S.L. Casualmente, continúa la edil, ésta es otra de las sociedades con que opera en Valdemorillo la familia Cubo, propietaria de Afar-4. Esta sociedad, como explica Villanueva, “se creó recientemente para que Afar-4 y Edisan operasen conjuntamente en proyectos urbanísticos como Prado Aulencia”.
“El Ayuntamiento acaba de recibir de Valinver S.L 480.809 euros gracias a uno de los convenios aprobados”, señala Villanueva, que mantiene que estos acuerdos “siempre favorecen a los empresarios”. Su denuncia sostiene que, mientras que la densidad de construcción en esta localidad es de 20 viviendas unifamiliares por hectárea, en uno de los convenios aprobados a Valinver S.L, el Ejecutivo ha aprobado que la densidad bruta para la parcela llegue a las 84 viviendas.

Pero el concejal de Urbanismo no es el único que pone reparos a estos acuerdos urbanísticos. La interventora municipal presentó un escrito respecto a dichos convenios, en el que aconseja “prudencia en esta materia con el fin, precisamente, de no hipotecar la capacidad económica de futuras corporaciones”. En el mismo escrito se recomienda a los responsables políticos de la corporación no coger dinero de los convenios, sino suelo, como suele ser lo habitual en estos casos.

Desde el PSOE, indican que los convenios han podido salir adelante gracias al voto favorable del concejal Miguel Partida (hasta hace poco independiente y que ahora ha asumido el área de Juventud y Festejos). “Con esta votación”, indican los socialistas, “se confirma la crisis en el Equipo de Gobierno, al negarse su teniente de alcalde y edil de Urbanismo a aprobar convenios propios de su concejalía. Éstos afectan a vecinos del pueblo, pero especialmente a dos empresas vinculadas a Afar-4, Catedral de Negocios y Valinver”. La fórmula utilizada, indica el grupo de la oposición, pasa por realizar modificaciones puntuales “para habilitar suelo rústico incluido en el Avance para la construcción de un colegio privado a cuenta de las cesiones del futuro Plan General”. Asimismo, propician “la recalificación de suelo industrial a residencial y el aumento de la edificabilidad”, al pasar de viviendas unifamiliares a bloques.

Según los datos aportados por el PSOE, “con la firma de seis convenios y mediante el pago de 2 millones de euros y la cesión de una parcela de 8.000 metros cuadrados al Ayuntamiento, se califican 24.500 metros cuadrados de residencial y 8.400 de educativo, donde antes había 2.000 de residencial, 13.000 de industrial y suelo rústico no edificable”. Además, aseguran que la valoración del terreno pasa de 7 a casi 17 millones de euros, “lo que significa una revalorización para las distintas propiedades de entre el 100 y el 300 por ciento”, como ocurre con una finca adquirida en junio de 2005 por la empresa Catedral de Negocios, que de 627 metros cuadrados de edificabilidad ha pasado a 3.565 para vivienda en altura.

Coincidencias
A juicio de la portavoz socialista, Belén Aguado, se trata de “aprobar como sea los convenios de las empresas amigas del PP, y para ello se recurre a mociones de censura y tránsfugas de todo tipo”, acusando al Equipo de Gobierno de estar “rendido a los pies de las promotoras amigas”. Aguado va más allá en su argumentación y habla de un “enorme chanchullo con olor a pufo” que a su juicio “se quiere revestir de interés público enmascarando los convenios y acuerdos con Afar-4 y Edisan con la recepción de suelos para colegios, embellecimiento de la entrada del pueblo y la ejecución de la cubierta de la plaza de toros”. En este sentido, el PSOE indica que “se está consolidando el modelo urbanístico de Marbella”. “Nadie se puede creer que convenios de esta naturaleza sean del todo inocentes”, añade la edil socialista, que concluye haciendo referencia a otras “coincidencias” con la ciudad malagueña: “Las Normas Subsidiarias son de 1986, hay tránsfugas en todas las legislaturas y uno de los detenidos en la operación Malaya es de Valdemorillo y ha efectuado últimamente compras que esperamos que se investiguen por la Fiscalía con el mismo interés que en la Costa del Sol”.