Los vecinos a los que hace más de dos años se les adjudicó una vivienda de protección oficial en la calle Luminaria no salen de su asombro. Tras la paralización de las firmas de contratos el pasado mes de junio a requerimiento del Ayuntamiento debido al malestar vecinal que había provocado la subida del módulo y el cobro de otras cantidades que no habían sido notificadas en el momento de la adjudicación, como un aval bancario de 3.000 euros, ahora se encuentran con que la empresa Larcovi ha comenzado el proceso de entrega de las viviendas y les sigue solicitando las mismas condiciones económicas, sin que el Consistorio haya autorizado dicho proceso.
La empresa cuenta desde el pasado 8 de octubre con la calificación definitiva de las casas, condición indispensable para la entrega de llaves, y ha llamado a los adjudicatarios para que en menos de 15 días formalicen su aval bancario, contraten un seguro del hogar y firmen el contrato. “En la primera quincena de noviembre entregaremos las viviendas” es la única información que han facilitado a los vecinos.
Ante esta situación, el concejal de Urbanismo, Juan José Morales, ha recordado que, pese a las acciones de Larcovi, “la orden del Ayuntamiento es que se paralizase el procedimiento en tanto la Comunidad de Madrid no interpretarse la norma sobre la subida del módulo”. El edil ha explicado a El Faro del Guadarrama que el Consistorio tuvo conocimiento de que la pasada semana la empresa había recibido la calificación definitiva de las viviendas y a la vez “nos han enseñado un contrato ya visado por la Comunidad de acuerdo con las nuevas condiciones económicas”. Tras esta comunicación, el Ejecutivo se ha puesto en contacto con la Consejería de Vivienda, “alertados por nuestra sensación de que lo que planteamos es lo correcto, ya que hemos comprobado que en la calificación definitiva el precio máximo de venta que se aplica dividido entre 12 meses saldría la mensualidad que se tiene que cobrar, que precisamente es la que nosotros estamos defendiendo”, explicaba Morales. El pasado lunes, el Ayuntamiento se puso en contacto con la Consejería “para exponerle el problema y que nos dé una solución, porque es evidente la contradicción entre la calificación definitiva y el contrato visado con el nuevo precio”, además de solicitar una reunión con el director general de Vivienda, Juan Van Halen.
Ante las acciones de la empresa, el concejal ha explicado que “las han emprendido por su cuenta, porque existía un compromiso por el que, en tanto la Comunidad no remitiese por escrito la solución a la interpretación de la norma por la que se había incrementado el precio, no se iban a firmar más contratos ni a solicitar avales, ya que nosotros también hemos cuestionado que se pida un aval de 3.000 euros a personas que son adjudicatarias de VPO, ya que entendemos que es abusivo. Sin olvidar que la empresa ha adjudicado a algunos vecinos una segunda plaza de garaje que no han solicitado. Una serie de condiciones que han provocado un aumento considerable en la renta, lo que ha creado malestar entre los adjudicatarios, algo que este Ayuntamiento comparte”.
Finalmente, el edil explicó que “los servicios jurídicos están estudiando este caso y serán ellos los que nos digan qué pasos debemos seguir. Vamos a esperar a la reunión con el director general de la Vivienda y que de ahí se clarifique la situación”.
Por su parte, fuentes de la Comunidad de Madrid han señalado que en junio el alcalde, José Pablo González, “solicitó una información en abstracto, sin especificar cuál era la promoción”, por lo que la Consejería no había emitido un comunicado al respecto. Según las mismas fuentes, la empresa puede aplicar la subida del módulo a los adjudicatarios en régimen de alquiler a 25 años, ya que se establece el precio en el momento de la firma del contrato y no en el de la calificación definitiva; además, indica que “la ley les ampara a la hora de solicitar un aval bancario”. Unas condiciones que “no se pueden aplicar a las VPO con opción a compra, que no están afectadas por la subida del módulo, ya que el precio que prevalece es el de la calificación provisional; tampoco se les puede requerir un aval, puesto que la empresa suscribe con la Comunidad un seguro ante posibles impagos y así viene especificado en la normativa de vivienda de protección; y tampoco el alquiler de una segunda plaza de garaje si no viene estipulado en el pliego de condiciones”.
Por otra parte, algunos de los adjudicatarios ya han comenzado a moverse contra lo que consideran “un abuso” y han creado una cuenta de correo electrónico para ponerse en contacto entre ellos “y valorar posibles acciones”. La dirección no deja lugar a dudas de cuál es su sensación:
[email protected].
Si (
No(
