El Villalba convoca elecciones en una Asamblea marcada por la presentación de una deuda de 573.000 euros

La esperada Asamblea del CUC Villalba dejó tres puntos clave a tener en cuenta en el futuro de la entidad: la dimisión de los presidentes, Marisa Comenge y Florentino Martínez, la convocatoria de elecciones y la presentación de una deuda colosal de 573.000 euros, casi 100 millones de pesetas, que los 33 socios presentes no asumieron alegando desinformación en la parte correspondiente a la aportación personal del matrimonio Martínez – Comenge, que asciende a 426.849 euros, casi 71 millones de pesetas. Es la cifra más gruesa dentro de la larga lista de acreedores expuesta por el portavoz de la empresa Fútbol Gestión, Marco Antonio Argüelles, que no obstante matizó que la intención del matrimonio es no cobrar esa cantidad si el club no genera superávit y necesita el dinero para subsistir. Las otras grandes cantidades de la deuda son las relativas a los sueldos de los jugadores de la temporada pasada, que ascienden a casi 86.000 euros, y al canon de explotación de la publicidad estática del estadio, 52.400 euros que se deben pagar al Ayuntamiento. Fútbol Gestión presentó un plan de viabilidad económica que prevé dedicar un 90% del superávit de los próximos cinco años a cancelar la deuda con los jugadores, y que se basa en la captación de ingresos vía publicidad estática a razón de 400.000 euros por temporada, unos 100.000 el primer año una vez descontado el coste de los soportes para las vallas.

Como se esperaba, la dimisión de la presidenta, Marisa Comenge, se produjo por escrito, debido al todavía delicado estado de salud de Florentino Martínez. Ese punto dio paso a la convocatoria de elecciones con un plazo de 15 días para presentar candidaturas. Los socios dieron el visto bueno a Marco Antonio Argüelles como responsable del proceso electoral y aprobaron una modificación estatutaria que, según lo expuesto, se rige por el modelo vigente en la Comunidad de Madrid. Los nuevos estatutos redefinen el papel del socio, otorgan el máximo poder a la Asamblea y regulan los procesos electorales, algo que no sucedía en el viejo modelo de 1991.