La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que el Pleno de la Sala de lo Penal debe revisar las medidas propuestas por Garzón

La Fiscalía ha interpuesto hoy recurso de apelación contra la contra la decisión del juez Baltazar Garzón de declararse competente para realizar las investigaciones del caso ya que afirma que los hechos perseguidos por Garzón son delitos comunes ya prescritos, no tipificados como crímenes contra la humanidad en el momento de ser cometidos y cuyos autores no pueden ser perseguidos debido a la Ley de Amnistía de 1977. Por su parte, Garzón considera que los delitos estaban ya contenidos en el Código Penal de 1932, y que la denominada cláusula Martens permite juzgar como crímenes que van contra los usos de la guerra.

Por otra parte, el Ministerio Público, en el escrito presentado hoy, añade que, en su opinión, "la protección de los derechos de las víctimas queda garantizada por las disposiciones de la Ley de Memoria Histórica" y que esta norma "es el cauce idóneo para el restablecimiento y la tutela de los derechos de las víctimas".

Así, el Ministerio Público considera que esta ley "contiene una excepcional previsión normativa que se justifica evidentemente por la inviolabilidad de acudir a la jurisdicción penal a tales fines" y constituye "el cauce idóneo para el restablecimiento y la tutela de los derechos de las víctimas, pues convierte en realidad la justa pretensión de recuperar la memoria y la dignidad de esas miles de personas de ofrecer la necesaria reparación moral que su consecución supone para los familiares y allegados de las mismas, y formaliza el reconocimiento de una injusticia histórica, articulando las medidas precisas para la efectividad de la reparación".

Por último, la Fiscalía ha expesado que "nunca se ha opuesto" a la exhumación de las fosas y el resto de diligencias acordadas por Garzón, razón por la cual "no consideró procedente la interposición y formalización de recurso alguno contra las providencias de 28 de agosto y de 25 de septiembre pasados". Sin embargo, considera que debe ser el Pleno de la Sala de lo Penal quien revise este conjunto de medidas "en aras de garantizar los principios de legalidad y seguridad jurídica". Cabe recordar que el juez Garzón ha ordenado la apertura de 19 fosas comunes de toda España, incluida la del poeta Federico García Lorca.