El Ayuntamiento de Galapagar incumple

Las autoridades municipales de Galapagar han modificado a su albedrío la calificación del suelo, han infringido la normativa en vigor del municipio y han contravenido las disposiciones de la Comunidad de Madrid. A saber: el Ayuntamiento, en contra de la normativa existente (Normas Subsidiarias de 1976), de obligada interpretación restrictiva, ha concedido licencia de obras y de actividad a un restaurante en una zona con calificación de urbana-residencial que prohíbe dicha actividad. Sencillamente no es un uso permitido, por lo que se violan todas las disposiciones legales. La alcaldesa, Carmen Toledano, y el concejal de Urbanismo, Luis Remacha, han concedido la licencia del citado restaurante con el voto en contra del concejal de Comercio (quien por competencias debe autorizar la licencia de actividad) y de otro edil del PSOE, que han interpuesto recurso.

Nuestra familia vive desde hace más de 50 años en esta zona residencial de viviendas unifamiliares (en su momento tuvimos que pagar de nuestro bolsillo los postes de alumbrado eléctrico, la zanja e instalación de alcantarillado, la traída del agua...). Con la reciente compra por un constructor del municipio (año 2006) de la vivienda colindante, empezó nuestro calvario: interpusimos más de siete denuncias escritas alegando falta de licencia de obras, y nos contestaban siempre por teléfono, asegurando que estos señores estaban en regla, hasta que, ante la amenaza de denunciarles en el juzgado, la Policía Local tramitó un informe que paralizó dicha obra los meses que tardaron en subsanar el inconveniente.

80 vecinos hemos firmado un documento en contra de la decisión arbitraria de conceder licencia de obras y actividad, denunciada ante Medio Ambiente (para evitar la tala de unos magníficos cedros y otros árboles protegidos), ante la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid (al tener el acceso a la finca por una carretera comarcal) y ante la Dirección General de Urbanismo por la transgresión radical de las leyes aplicables en vigor, y por autorizar el Ayuntamiento una actividad prohibida en la zona, que supone además el cambio de calificación de residencial-urbana a terciaria, lo que abre la puerta a cualquier otra actividad comercial.
¿Cómo es posible realizar impunemente tal cúmulo de irregularidades? ¿Dónde está el Estado de Derecho y la obligación de acatar la ley?.