El Ejecutivo presenta un decálogo para el nuevo sistema de financiación

El Consejo de Gobierno decidió ayer remitir al vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, un decálogo de propuestas que resumen la posición de la Comunidad de Madrid ante la próxima reforma del sistema de financiación autonómica, comprometida por el Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero para antes de que finalice este año, según anunció el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, quien precisó la buena voluntad de la Comunidad para consensuarla.

El decálogo incide en la necesidad de que el nuevo modelo tenga en cuenta un conjunto de principios “solidarios”, de tal manera que “la interpretación de los Estatutos” no suponga para ninguna autonomía “ningún privilegio económico ni social”. Asimismo el Ejecutivo regional solicita que se amplíen para todas las comunidades y no sólo para alguna los porcentajes de cesión del IVA, IRPF y de los impuestos especiales, que actualmente se encuentra en el 35, 33 y 40por ciento, respectivamente.

Igualmente, añadió Ignacio González, el Gobierno regional plantea en ese decálogo, que remitirá mañana mismo a la sede del Ministerio de Economía y Hacienda, un modelo que tenga en cuenta el “criterio irrenunciable” de aumento de población, que en la Comunidad se ha incrementado en casi un millón de personas desde 1999, rebasando en la actualidad los 6 millones de habitantes. De hecho, según González, se “olvida” de un millón de madrileños que utilizan los recursos públicos que se ponen a su disposición, como sanidad, educación o servicios sociales.

Además, el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre expresa en ese
decálogo su rechazo “más absoluto” a la creación de agencias tributarias en cada comunidad autónoma porque un sistema con 17 órganos distintos generaría una descoordinación en el propio sistema tributario.

Defiende, por el contrario, la búsqueda de fórmulas que mejoren la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas .

El primer punto del decálogo señala que el nuevo sistema de financiación debe ser plenamente respetuoso con la Constitución y con los principios esenciales que se desprenden de ella, especialmente los de suficiencia financiera, autonomía, igualdad y no discriminación.

A continuación, se indica que la reforma que se proponga habrá de debatirse y consensuarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano establecido por la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) para la coordinación financiera entre el Estado y las Comunidades Autónomas. “Esta es la mejor garantía de que el proceso de reforma se hace de manera transparente y ecuánime”, añade. Además, se considera que el Estado debe incorporar los recursos económicos de la atención a la dependencia al nuevo sistema de financiación.