Galapagar: de mal en peor. Torrelodones no quiere el nuevo carril-bus - Un proceso largo y polémico

Unos por otros, y la casa sin barrer. El Ejecutivo de Galapagar, también conocido como cuatripartito, le echa la culpa a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de la saturación del Punto Limpio e indica que, además, está empresa está incumpliendo claramente las cláusulas administrativas donde dice que “deberá recoger los restos de poda y jardín y pasar las maquinas barredoras”, mientras FCC ha indicado a este periódico que “la retirada de las bolsas de las podas le corresponde al Ayuntamiento y que aunque ellos gestionan el Punto Limpio la situación por la que atraviesan estas instalaciones es ajena a sus responsabilidades”.

En medio de este rifirafe entre Administración y empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras, están los que menos culpa tienen, es decir, los vecinos, los residentes en las numerosas urbanizaciones pertenecientes a este municipio a los que se les están pudriendo las bolsas de poda situadas desde hace tiempo a las puertas de sus casas y la porquería de las calles (llevan sin barrerse varios meses) les invaden sus propiedades. ¿Y a todo esto que dice la Concejalía de Medio Ambiente? Pues lo de siempre, que están haciendo un esfuerzo tremendo para solucionar el problema, que han pedido la colaboración de otras empresas para que les echen una mano, que si patatín, que si patatán.

Muchos vecinos de la Colonia España y de Romacalderas, donde residen miles de familias durante todo el año y cuyo único pecado es vivir a bastante distancia del casco urbano, empiezan a verse como los patitos feos de este Consistorio, no a la hora de pagar impuestos -cumplen como cualquier otro vecino-, sino en la percepción de servicios tan vitales como la recogida de basura, limpieza vial, retirada de podas y de otro no menos importante como es la seguridad ciudadana, ya que la Policía Local no se deja ver por esta zona desde hace más de un año, declinando esta función al libre albedrío de la Guardia Civil que, con unos efectivos bastante limitados, tiene serios problemas para patrullar uno de los términos municipales con mayor superficie de la Comunidad de Madrid. Pero esto no parece preocuparle al Consistorio galapagueño, enfrascado en absurdos contenciosos tanto con la Policía Local (se niegan a negociar el convenio), como con la empresa FCC, a la que han amenazado en varias ocasiones con rescindirle el contrato (tal vez porque ésta lo firmó con el anterior Gobierno, que estaba presidido por el PP). Así es difícil que un pueblo esté limpio y además sea seguro.

Ayuntamiento de Torrelodones y la Plataforma vecinal 21-38 han decidido hace tiempo ir de la mano a la hora de mostrar su decidida oposición al proyecto promovido por el Ministerio de Fomento de ampliar del carril bus de la A-6 , en el tramo comprendido entre Las Rozas y Collado Villalba. Consideran esta obra inútil porque, entre otras cosas, va a provocar que los autobuses empleen mucho más tiempo en cubrir este trayecto que en hacerlo por la autopista como ocurre actualmente y, además, porque va a demandar una importante inversión económica como consecuencia de la expropiación de varios miles de metros de terreno, el derribo de viviendas ocupadas por sus propietarios, además de los efectos medioambientales que produzca la obra.

Las alegaciones han sido presentadas tanto por parte del Ejecutivo como por el citado colectivo, pero aún así el alcalde torrelodonense, Carlos Galbeño, tiene previsto mantener en breve una reunión con José Ignacio Echevarría, nuevo consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, para exponerle la preocupación de muchas familias de este municipio, sobre todo las más afectadas por este proyecto, algo que no le sorprenderá en absoluto al nuevo consejero, ya que él es un usuario habitual de la A-6 - reside desde hace bastantes años en San Lorenzo de El Escorial- y conoce perfectamente los problemas circulatorios que genera esta vía.

El titular del juzgado villalbino que ha instruido el caso contra el alcalde de Guadarrama, José Ignacio Fernández Rubio (PP), por un presunto delito contra la ordenación del territorio, acaba de remitir el expediente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que sea éste quien prosiga la instrucción dada la condición de diputado regional del regidor serrano.

Este caso tiene su origen en el año 2000 y es consecuencia de la denuncia presentada por un vecino que consideró que la empresa Golden Hipotecaria, de la que es administrador el primer teniente alcalde de Guadarrama, Miguel Rodríguez Bonilla, obtuvo una licencia provisional de explotación del restaurante El Molino del Rey, situado en suelo de máxima protección.

Ahora el grupo socialista de Guadarrama ha denunciado que Fernández Rubio y Rodríguez Bonilla van a sufragar su defensa jurídica con fondos municipales, según acuerdo tomado por la junta de Gobierno municipal celebrada el pasado 25 de abril, en la que se aprobó destinar una partida de 20.800 euros a tal fin, denuncia preñada de tintes sensacionalistas y con un evidente interés mediático, puesto que este grupo sabe perfectamente que el pago de la defensa jurídica de un alcalde por parte del Consistorio no es ilegal siempre que los hechos se hayan producido en el ejercicio de su cargo, como es el caso.