Larcovi exige el alquiler de la segunda plaza de garaje en las viviendas de VPO

“Larcovi me exigió que si quería firmar el contrato al que tengo derecho como adjudicataria de una vivienda protegida de alquiler con opción a compra en la promoción situada en la calle Luminaria de Collado Villalba, tenía que aceptar la inclusión de dos plazas de aparcamiento, la que correspondería a mi vivienda y otra que ellos me habían adjudicado por proximidad (o porque les había dado la gana), cuyo importe mensual fijaron en 90 euros al mes (15.000 pesetas). Solicité que constara esta imposición en el contrato y se opusieron. Entonces les pedí una hoja de reclamaciones, que debidamente cumplimentada presenté el pasado lunes en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), donde me han comunicado que la empresa tiene la obligación de contestarme en un plazo de 10 días y, en caso contrario, tendríamos que ir a un acto de conciliación previo a la presentación de la correspondiente demanda ante los tribunales, adonde -salvo que rectifiquen- pienso acudir, porque todo lo que he vivido me parece una tomadura de pelo”, señalaba una vecina en declaraciones a El Faro del Guadarrama.

Las 116 viviendas en régimen de alquiler promovidas por Larcovi en Collado Villalba se han construido en terrenos enajenados por el Ayuntamiento de esta localidad dentro del Plan Municipal de la Vivienda y, sin embargo, el Consistorio, aún conociendo las irregularidades antes mencionadas y otras que más adelante comentaremos, se ha inhibido de un problema que afecta a más de un centenar de familias villalbinas.

Una práctica habitual
Según ha podido saber nuestro periódico, esta promotora, que mantiene magníficas relaciones con la mayoría de los ayuntamientos socialistas (en Aranjuez llegó a tener sus oficinas en las propias dependencias municipales), suele utilizar medios de presión para colocar la segunda plaza de aparcamiento en aquellas promociones de VPO donde la normativa les obliga a construir 1,5 plazas de garaje por vivienda, caso de Collado Villalba. También en Valladolid (Promoción Santos Pilarica), donde el PGOU tenía una normativa igual en cuanto al número de plazas por casa, intentaron obligar a los compradores de los pisos protegidos a adquirir la segunda plaza en propiedad, posición que finalmente abandonaron tras la contundente respuesta dada por los responsables municipales y de la propia Junta de Castilla y León en el sentido de que dicho planteamiento era ilegal.

Normativa legal
El Artículo 89,4 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, además de otras leyes complementarias, dice que “cualquier estipulación contractual que imponga la obligatoriedad de adquirir un producto complementario del principal, como puede ser una segunda plaza de garaje, ha de ser considerada nula por abusiva”.

Juristas de conocido prestigio se han pronunciado también al respecto en los siguientes términos: “Es recomendable que en casos como el que nos ocupa se denuncien los hechos ante el órgano competente de la Comunidad de Madrid en materia de vivienda, ya que al amparo de una actuación protegida, el promotor está intentando imponer un negocio de renta libre y esto constituye un abuso de derecho por parte del promotor y un fraude de ley de la legislación sobre vivienda de protección oficial. No debemos olvidar que las actuaciones en materia de vivienda tienen como razón de ser facilitar el acceso a la misma a las personas con menos recursos económicos, por lo que es un contrasentido que el Estado, la Comunidad o los ayuntamientos sufraguen parte del coste de la vivienda y al mismo tiempo toleren que el promotor condicione el derecho de los agraciados en el sorteo a la adquisición en régimen de venta o alquiler de una segunda plaza de garaje, con un coste no marcado y que puede ser muy superior al de mercado”.

Larcovi también será denunciada por algunas de las 229 familias villalbinas vinculadas al Plan Municipal de la Vivienda en régimen de alquiler, por exigirles el pago del IBI (la ley dice que, salvo pacto previo, lo debe satisfacer el propietario del piso) y por haber incrementado el precio del módulo, cuando según Antonio Beteta, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, esta subida no debe afectar a las promociones de VPO proyectada en suelo público y adjudicadas antes de su publicación (4 de abril de 2008). El PSM, a través de su secretario general, Tomás Gómez, anunció públicamente que llevaría al Gobierno regional ante los tribunales en caso de permitirlo.