Provivienda no es un cachondeo

Con relación a la carta firmada por doña María José Páez y publicada por este periódico el pasado 23 de mayo, debo expresar lo siguiente:
En primer lugar, Provivienda no es un servicio ni un ‘cachondeo’. Según sus estatutos, es una asociación sin ánimo de lucro que presta servicios de asesoramiento en materia de vivienda social. No conocemos sus vínculos con la Comunidad de Madrid; pero tampoco es del caso ocuparse de ellos, si los hubiera.

En segundo lugar, reitero lo manifestado en fechas anteriores: el Ayuntamiento de Galapagar, en 2007, no ha logrado recibir la subvención de la Comunidad de Madrid para el servicio de Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler e Hipoteca, porque, según consta en certificado oficial del mismo Ayuntamiento, de 31 de enero de 2007, y enviado a la Comunidad con la solicitud de subvención, el 28 de febrero del mismo año, nuestro municipio tenía a esa fecha 30.954 habitantes, es decir, una población menor de los 40.000 habitantes que establece como requisito el artículo 3.1.a de la Orden 16/2007, de 10 de enero. Esta Orden fue la convocatoria a dicha reunión y se publicó en el BOCAM de 29 de enero de 2007. En aquel entonces la responsabilidad política de nuestro Ayuntamiento estaba en manos del anterior Equipo de Gobierno.

Por tanto, no se trata de muchas bajas en el censo desde que se produjo el cambio de Gobierno en la localidad (junio de 2007). ¿Alguna mentira…? ¿Algún falseamiento de datos anterior a este cambio político? Sí, por qué no, a la luz de los datos que los jóvenes y demás ciudadanos tienen derecho a constatar. La deformación de la realidad demográfica local partió de los datos reflejados en el certificado oficial del Ayuntamiento de 7 de abril de 2004: 41.303 habitantes, que se enviaron a la CAM conjuntamente con la primera solicitud para esta misma subvención, el 7 de abril de 2004. Y estos datos ya fueron desmentidos ante la propia Comunidad de madrid por el certificado oficial del Ayuntamiento, de 31 de enero de 2007, según el cual la población de Galapagar en 2004 había alcanzado solamente la cifra de 29.218 habitantes. Un mismo equipo político emitió dos certificados diferentes sobre la población local en el mismo año.

Con los detalles aportados, la ciudadanía está en su derecho a concluir y saber quién ha colocado la mentira, a la cual se refiere la signatura de la carta. Y es posible que ante tamaña deformación oficial de unos datos que deben ser manejados con seriedad para servir al interés público, muchos lectores puedan haber caído en estados de frustración o de asombro paralizante, esperando legítimamente este esclarecimiento que pretende reforzar con rigor la verdad.