Muere el juez del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo

Según fuentes del Constitucional, en las últimas semanas el juez había dicho a sus compañeros que no se encontraba bien y que "estaba de médicos". Incluso se ausentó en alguno de los últimos plenos para hacerse un electrocardiograma. García-Calvo se encontraba solo en su chalé cuando le sobrevino la muerte, al parecer por infarto masivo, y al desvanecerse se golpeó la cabeza. La alarma se desató cuando el magistrado no acudió a comer a su domicilio madrileño y no contestó a las llamadas.

La correlación de fuerzas en el alto tribunal, habitualmente partido en dos bloques, era de seis magistrados progresistas y seis conservadores, con voto de calidad de la presidenta progresista María Emilia Casas en caso de empate. Con el fallecimiento de García-Calvo, esta correlación se rompe en un momento especialmente delicado, cuando la institución está debatiendo el Estatuto de Cataluña.

El magistrado fallecido llevaba seis años en el tribunal y tenía mandato hasta 2010. Su sustituto hasta esa fecha deberá ser nombrado por mayoría de tres quintos del Congreso. Paralelamente, está pendiente la renovación de los cuatro jueces designados por el Senado cuyo mandato concluyó el pasado diciembre.

García-Calvo era el magistrado más controvertido del tribunal, tanto por sus orígenes franquistas y por una trayectoria siempre jalonada de polémica en los cargos que fue desempeñando: consejero del Poder Judicial, magistrado del Tribunal Supremo y, finalmente, magistrado del Constitucional.

En esta última etapa, García-Calvo estuvo siempre en el epicentro de todas las batallas: la maniobra para desequilibrar el pleno del Estatuto catalán con la recusación de Pérez Tremps; la operación para descabalgar de la presidencia a María Emilia Casas y la batalla por la ley orgánica del tribunal, en la que fue recusado por el Gobierno y de cuya deliberación quedó apartado junto a su compañero Jorge Rodríguez-Zapata.

Considerado el conservador más beligerante del alto tribunal, opuso su voto particular discrepante a la práctica totalidad de las resoluciones de calado político que ha alumbrado la institución en los últimos años, desde la inadmisión del recurso de amparo del PP contra la tramitación del plan Ibarretxe hasta la última sentencia del Tribunal, aún sin publicar, que ha avalado la ley contra la Violencia de Género.