Órdago de IU al Ejecutivo de Collado Villalba. Otro ex alcalde de Galapagar en el banquillo - Escuelas infantiles en precario

Esta obra, pésimamente planificada, que ha doblado tanto el plazo de ejecución (un año) como el precio fijado en el momento de su adjudicación a través de un modificado de 19 millones de euros que actualmente se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado, ha generado las críticas no sólo de muchos villalbinos, sino también de varios colectivos sociales y de los tres grupos de la oposición que, desde el primer momento, intentaron oponerse a la realización de lo que calificaron como una obra innecesaria, molesta y faraónica que podría hipotecar las arcas municipales durante los próximos 40 años.

Y ustedes se preguntarán: ¿para que sirve una comisión de investigación?. Las corporaciones municipales podrán crear estas comisiones cuando así lo acuerde la mayoría de sus representantes. Los componentes de la misma elaborarán un plan de trabajo y las conclusiones a las que lleguen nunca serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicada al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

La propuesta que va a realizar IU, aún teniendo pocas posibilidades de prosperar (no olvidemos que el PSOE cuenta con mayoría absoluta en el seno corporativo), supone un órdago en toda regla para el Ejecutivo de José Pablo González, ya que en caso de oponerse puede quedar bajo sospecha porque algunos pueden entender que tiene algo que ocultar, que no está tranquilo o que no le interesa aclarar la situación, dejando expedito el camino a los responsables de IU para acudir a los tribunales sin que nadie les pueda tachar de intentar judicializar la vida política. Además, también podría suponer para González un borrón en su currículum político dada la buena disposición que siempre ha mostrado el Partido Socialista a la hora de apoyar este tipo de comisiones más, si como dicen sus afines, aspira a ocupar un cargo directivo en la Ejecutiva del PSM tras el Congreso que se celebrará en Madrid en el próximo mes de septiembre.

Pocas horas después de que la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid decidiera absolver al ex alcalde socialista de Galapagar, Manuel Cabrera Padilla, de los delitos de prevaricación y de infidelidad en la custodia de documentos por la concesión de una licencia de primera ocupación a un funcionario municipal, se iniciaba un nuevo juicio contra el ex regidor galapagueño en el que la Fiscalía acusa a Cabrera de otro delito de prevaricación y dos de infidelidad en la custodia de documentos, solicitando una pena de cuatro años de prisión, 10 de inhabilitación especial para empleo y cargo público y una multa de 11.250 euros. El Ministerio Público acusa al ex regidor galapagueño y a otros tres ediles de obstaculizar la actividad profesional del letrado municipal, Miguel Yaben, en 2002 al dictar un decreto en el que ponía de manifiesto que este abogado incumplía la Ley de Incompatibilidades, ignorando la resolución favorable del Consejo de Estado que consideraba que Yaben no infringía dicha ley.

Los ajustes de cuentas entre políticos galapagueños ya se ha cobrado dos víctimas: las de los ex alcaldes, Eugenio de Pablo y Fernando Rubio, condenados por la Audiencia Provincial en 2001 a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Y esto no es bueno para un municipio que, al menos por número de habitantes, es el segundo más importante de la Sierra.

Algunos municipios de la Sierra, sobre todo aquellos que cuentan con una población bastante joven, empiezan a tener verdaderos problemas a la hora de poder escolarizar a sus hijos menores de tres años. Este es el caso de Colmenarejo donde, de un total de 125 solicitudes de escolarización en escuelas infantiles públicas, sólo han conseguido plaza para el próximo curso 78, lo que obligará a muchas familias a tener que acudir a centros privados. Representantes de la Asociación de Vecinos de Colmenarejo no entienden que esto esté sucediendo cuando las obras de ampliación del colegio público Las Veredas están finalizadas desde hace tiempo y al que la Comunidad de Madrid no ha dotado de profesores ni de mobiliario, “lo que parece un reclamo más para fomentar la escuela privada”.

Pero al margen de este grave problema, también conviene recordar que la aprobación por parte de la Comunidad de Madrid del Decreto de Mínimos de 6 de marzo ha modificado sustancialmente las condiciones y prestaciones de las escuelas infantiles, al rebajar el espacio destinado a los niños, aumentar el número de alumnos por aula, permitir la existencia de estas escuelas sin patio , rebajar las exigencias de titulación de los educadores y reducir el número de profesionales de apoyo, algo que según han manifestado algunos colectivos supone una concesión sin precedentes para aquellos que quieren hacer de la Educación Infantil una vía de negocio.