Audiencia Nacional decide si reabre el caso por la errónea identificación de cadáveres del Yak-42

La Sala de lo Penal celebrará la vista de apelación contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de cerrar la investigación sobre los fallos en las labores de identificación de 30 de las 62 víctimas del accidente de avión, ocurrido en Turquía en mayo de 2003 cuando una misión militar regresaba de Afganistán.

El pasado 22 de noviembre la causa contra los cuatro responsables militares que dirigieron los trabajos de identificación fue sobreseída, al considerar que a pesar de que su conducta fue "grave" no encajaba en el delito de falsedad documental del que habían sido acusados. El archivo fue recurrido en apelación tanto por la Fiscalía como por la Asociación de Víctimas del Yak-42.

El Ministerio Público acusó al general de Sanidad Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los militares fallecidos y a los dos oficiales médicos que le apoyaron en la identificación a la hora de redactar los informes de necropsia, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico José Sáez. Las familias de las víctimas también acusaron al teniente general José Luis Beltrán, que dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones.

La contratación del avión

El magistrado archivó en junio de 2007 la causa relacionada con la contratación del avión, aunque la Sala de lo Penal le obligó en noviembre de ese año a reabrir la investigación. A raíz de esta actuación han declarado en una docena de testigos, entre ellos el ex ministro de Defensa Federico Trillo, que atribuyó la operación al Estado Mayor Conjunto, y el presidente del Congreso, José Bono, quien aseguró ayer que se ocultaron datos de intermediarios en la contratación de la aeronave.

En su auto de archivo, Grande-Marlaska indicaba que a la vista de los hechos debía concluirse que no existe "relevancia jurídico penal" en este caso a pesar de que de la mala identificación de los cadáveres se derivaron "daños morales". "Lo que sí podemos reseñar es la existencia de una concreta imprudencia" en las labores de identificación de los 30 cadáveres en los que se cometieron errores, señalaba.