La compra de una vivienda en nuestra región es casi una ‘misión imposible’ (Foto: EL FARO)
Redacción | Miércoles 22 de octubre de 2014
El Ejecutivo regional ha decidido reforzar los mecanismos de control en la compra-venta de pisos protegidos usados para poner fin al fraude en las operaciones con este tipo de viviendas.
De este modo, la Comunidad de Madrid podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto, lo que supone la posibilidad de adquirir con carácter preferente cualquier casa sometida al régimen de protección pública que se ponga en venta, ya sea en segunda o sucesivas transmisiones.
Los propietarios de estos pisos de protección pública y suelos calificados para la construcción de viviendas protegidas que quieran venderlos tendrán que solicitar autorización a la Comunidad, indicando sus características, datos registrales, descripción y precio.
En ese momento la Administración autonómica podrá ejercer el derecho de tanteo, es decir, comunicar al vendedor la intención de adquirir la vivienda, con preferencia frente a cualquier otro comprador y al precio oficial correspondiente.
Si el vendedor acepta la venta, la Comunidad de Madrid le abonará de inmediato el valor del piso protegido y, a su vez, lo adjudicará a un solicitante de vivienda pública por el precio oficial vigente, evitando los sobreprecios.
En caso de que la compra-venta de un piso protegido se dé entre particulares, el comprador deberá informar a la Administración regional de la transacción, entregando una copia de la escritura. La Comunidad tendrá entonces diez días para ejercer el derecho de retracto y adquirir la vivienda al precio oficial.
Registro de solicitantes
Asimismo, el Gobierno regional abrirá un registro administrativo para recoger todas las solicitudes de venta de vivienda protegida y notificaciones de compra, con el objetivo de controlar las peticiones de venta de vivienda protegida en la región.
Para comenzar a operar en transacciones con vivienda protegida, a través del derecho de tanteo y retracto, la Comunidad de Madrid dispone de recursos iniciales por una cuantía de 350.000 euros, pero el sistema se retroalimentará con los recursos de las ventas de vivienda que realice la Administración autonómica.