El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Se trata de el propietario de Gescartera, Antonio Camacho (11 años); los directivos de la entidad José María Ruiz de la Serna (10 años y 6 meses) y Javier Sierra de la Flor (6 años y 6 meses); el proveedor de clientes Aníbal Sardón (9 años) y el asesor fiscal y proveedor de testaferros Julio Rodríguez Gil (6 años).
No les dio tiempo a digerir que habían sido condenados. Nada más concluir la lectura de la sentencia, el fiscal Vicente González Mota reclamó del tribunal que enviase a prisión a los acusados que hubieran sido condenados a más de seis años.
A todos ellos, incluido Camacho que ya debía de esperarlo, se les cambió la cara. Camacho había entrado sonriente embutido en su traje gris y haciendo bromas con su letrado Miguel Bajo. Pero aunque quizá para ellos la condena entraba dentro de lo probable, seguramente pensaron que tras la lectura de la sentencia seguirían en libertad hasta que el Supremo resolviera los previsibles recursos y la resolución fuera firme.
La presidenta del tribunal, Paloma González Pastor, sin embargo, convocó de inmediato las vistillas sobre la prisión. Camacho había cumplido ya 2 años y 11 meses en prisión preventiva. Sardón y Rodríguez Gil, apenas unos meses. Ruiz de la Serna y Sierra, nada.
De nuevo solos. Uno a uno, los cinco imputados comparecieron ante el tribunal mientras el fiscal alegaba que existía un elevado riesgo de fuga y exigía su inmediato encarcelamiento.
El tribunal valoró la "gravedad de los hechos perpetrados, la elevada penalidad que se ha impuesto a los acusados (...) y la propia desaparición del dinero en su día confiado por los inversionistas, en cuantía importante". Todo ello, precisan los magistrados, "conlleva un gran riesgo de fuga que ha de conjurarse mediante la adopción de tan drástica medida cautelar".
Dos horas después de iniciada la lectura del fallo, los acusados ya sabían que permanecerían en la prisión de Soto del Real (Madrid), al menos hasta cumplir la mitad de la pena que les han impuesto.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo tiene tiempo para resolver los recursos correspondientes y dictar la sentencia definitiva, de forma que los condenados no podrán ya fugarse.