El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
La Audiencia Nacional ha condenado al dueño de la agencia de valores Gescartera a un total de 11 años de prisión, 8 años por el delito de apropiación indebida y 3 por falsedad documental.
La sentencia también condena por un delito continuado de apropiación indebida a la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, con tres años y seis meses de prisión.
El 'número dos' de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, ha sido condenado a siete años, por apropiación indebida, y a tres años, por falsedad documental.
La condena del apoderado y subdirector general, Francisco Javier de la Sierra Flor, es de seis años y medio, por la autoría de un delito continuado de apropiación indebida, al igual que el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, para el que la pena se queda en seis años, al ser cooperador necesario.
Por su parte, Aníbal Sardón, propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), sociedad vinculada a la agencia de valores Gescartera, ha sido condenado a nueve años, siete por apropiación indebida y dos por falsedad documental.
La pena de los empleados de La Caixa, José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats, es de tres años, por ser cómplices de apropiación indebida.
La Audiencia Nacional ha absuelto a Laura García Morey, esposa de Camacho, sobre la que el fiscal retiró las imputaciones en su escrito de acusaciones finales.
Por otra parte, la sentencia considera a Caja Madrid Bolsa y a La Caixa como responsables civiles subsidiarios del agujero y de los daños, valorados en 87,99 millones de euros, del que deberán responder ante los clientes de Gescartera.
El tribunal considera probado que "los condenados despatrimonializaron la sociedad Gescartera, desviando los fondos que les habían confiado sus clientes". Además, dice, "colaboraron manteniendo una situación aparentemente normalizada, pero en realidad constituía una mera fachada, a cuya sombra se llevaba a efecto una premeditada, sistemática y persistente maniobra de apoderamiento de capitales y valores invertidos por los clientes".
En estos momentos, los acusados están compareciendo en una vistilla en la que se tiene que decidir cuándo se les encarcela. El fiscal ha solicitado el ingreso inmediato por riesgo de fuga a los condenados a más de cinco años de prisión.