El PSM y la Sanidad Pública

Considero un deber de ciudadanía denunciar públicamente las incoherencias de nuestros políticos representantes, que al margen de hechos y realidades evidentes en las que todos podamos coincidir, no atacan el mal de raíz como debiera ser y como correspondería si de atajar el problema se trata, como nos dicen que pretenden hacer.

Está claro que la mayor parte de la gente ha podido comprobar la inmundicia con que se las gastan en torno al despacho oficial de la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid y cuartos aledaños de la Consejería de Sanidad. Hasta ahí todo claro. Hasta un ciego se percataría de la tremenda injusticia que han cometido con los profesionales del Severo Ochoa, con descalificaciones, injurias, calumnias y relegándolos de sus puestos de trabajo, sin ofrecerles ni perdón ni tampoco readmisión laboral.

Creo que la mayor parte de la sociedad madrileña se ha sentido aludida y ofendida, como víctima de una ataque a la Sanidad Pública, y consecuentemente ha salido a las calles a denunciar espontáneamente tal atropello, coreándose eslóganes unificadores: ¡Sanidad Pública! El PSM ha dado ejemplo palmario al manifestarse en defensa tanto de esta Res Pública como de los profesionales del Severo. Tienen todo el derecho del mundo a hacerlo y así lo han hecho en su condición de representantes de los electores.

Pero una cosa son los deseos y si se quiere la conciencia de cada cual, y otra la realidad. Y si el objetivo último es la defensa a ultranza de la Sanidad Pública, también tienen derecho a hacerlo e incluso a erigirse como los más fieles protectores.

Dicho esto, si buscan verdaderamente ese objetivo de manera consecuente no se entiende como entran en maridaje con el PP al votar conjuntamente la ley 15/97 de “Nuevas Formas de gestión” que introduce el capital privado y que se empieza a aplicar en 2004, cuando aprobaron la creación de la Fundaciones privadas, y en la actual legislatura como no se atrevieron a derogar esta ley inquisitorial. Pero menos se entiende que den rienda suelta a sus alcaldes para que regalen suelo público a la iniciativa privada como en el caso de Collado Villalba o que el Ministerio del Interior ponga a disposición de Esperanza Aguirre un solar de su propiedad sin exigirle que ambos casos la lógica contraprestación de la construcción de un hospital de carácter público. De ahí la lógica indignación de los ciudadanos de Carabanchel cuyas protestas las dirigían tanto a unos como a otros. “Espe, Espe, especulación”, “Rubalcaba da la cara” y “Un hospital público ya”.

Se me rebatirá, como así se ha hecho, que las competencias están traspasadas y que la culpa es de la política privatizadora del Partido Popular. Cierto es. Pero Esperanza Aguirre no se atrevería a pegar el bocado (no podría entre otras cosas ir contra una norma de rango superior jerárquico, La Ley orgánica general de Sanidad que propugna la gestión directa de la Sanidad por parte de las Administraciones Públicas), y se ha quedado totalmente desvirtuada con la ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, que permite a la Señora Aguirre decantarse por el capital privado en la Sanidad Pública que es lo que verdaderamente gusta y quiere hacer. Y si no, hagan la prueba y pregúntele a ella, a ver que les contesta. Ley votada, insisto, por ambos partidos mayoritarios, aunque algunos no quieran enterarse.

No obstante, si ahora el PSOE gana las elecciones podrá desquitarse perfectamente, derogando esta puñetera ley y recuperando públicamente los hospitales privados como hacen en Australia.